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D. BAJO / WORD
Viernes, 26 de junio 2015, 12:10
La plataforma de afectados por la hepatitis C de Salamanca instalará hoy de nuevo su mesa informativa y reivindicativa en el Clínico de la capital. El objetivo, que todos los que pasen por allí puedan conocer sus peticiones: que se aplique el plan nacional contra la hepatitis C, que se dote a Salamanca de un fibroscán y que se solucione la situación que viven los pacientes de esta enfermedad reclusos en centros penitenciarios.
Esther Mate es la portavoz de la plataforma. Ayer denunció que Salamanca no cuenta con un fibroscán, pese a la promesa de Sacyl, y que el que se usa actualmente es un préstamo «itinerante» de Valladolid que «va de un sitio a otro». Un fibroscán mide el deterioro del hígado y Salamanca no tiene uno propio. «Es como si no hubiese rayos X. Es algo propio del tercer mundo y está pasando en Salamanca y en toda España». Mate tilda la situación de «surrealista», especialmente «en un país desarrollado, en el siglo XXI y con la sanidad pública que teníamos, que era la envidia del mundo. Y vamos viendo cómo progresivamente la van deteriorando y machacando». Los miembros de la plataforma también participaron ayer en una concentración en la Gran Vía en favor de la sanidad pública.
Otra de las reivindicaciones de la plataforma atañe al plan nacional y a la ausencia de presupuestos para que las regiones puedan desarrollarlo. Además, a finales de mayo se aprobó una ley que «liga el gasto farmacéutico al PIB». La agrupación de afectados calcula que con esta norma se invertirán 1.000 millones menos en gasto farmacéutico entre 2015 y 2016. «Tememos que se traducirá en ralentizar el dar tratamiento a los afectados por hepatitis C, como vemos que está empezando a suceder».
En esta línea, desde la plataforma reclaman que no se discrimine a los pacientes en función del estado de la fibrosis que padezcan. «No hay derecho a que te diferencien según un grado de fibrosis para darte tratamiento. La administración no ve lógico dar tratamiento a todo el mundo. Es un problema económico, pero la vida humana no tiene precio».
Reclusos
Los afectados por hepatitis C tienen otra exigencia que, al parecer, va camino de solucionarse. Solicitaban que los reclusos con hepatitis C pudiesen acceder a los tratamientos. El Ministerio del Interior quería que las Comunidades se hiciesen cargo de ellos, y éstas querían que fuese el citado ministerio el que se ocupase. Ayer, finalmente, comunicaron a los miembros de la plataforma salmantina que Sacyl había aceptado hacerse cargo de la situación y que seis reclusos de Topas ya estaban listos para ser tratados.
Finalmente, esta agrupación solicita a las Comunidades y al Ministerio de Sanidad que averigüen cuánta gente padece hepatitis C en España porque no hay ningún registro al respecto. Las estimaciones apuntan a que la sufre en torno a un 3% de la población, pero actualmente no hay una base de datos ni regional ni nacional.
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