«Lamento no haber denunciado que el interventor municipal me acosaba»

La exsenadora del PSOE Elena Diego manifestó ayer, al término de la primera sesión del juicio en el Tribunal Supremo por unos contratos presuntamente irregulares realizados en 2008, cuando era alcaldesa de Villamayor, que confía en ser absuelta porque en todo momento hizo lo que los técnicos le señalaron y actuó con honestidad.

Durante su declaración ante la Sala de lo Penal del Supremo Diego acusó al interventor municipal en esos momentos, Daniel Nogueroles, de acosarla sexualmente para que tuviera con él una relación sentimental y, al negarse a ello, amenazarla con acabar con su carrera política, aunque nunca le denunció.

La exalcaldesa de Villamayor lamentó no haber tenido valor para denunciar por acoso sexual al funcionario cuya actuación, según ella, ha sido clave para que se la haya juzgado por prevaricación en el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo dictó a finales de junio de 2014 auto de apertura de juicio oral contra Diego por la supuesta comisión de un delito de prevaricación relacionado con la contratación de dos monitoras de cultura sin que hubieran sido elegidas en el concurso promovido para cubrir esas plazas.

«Tenía muchas ganas de poder hablar porque durante todo el procedimiento formal no he podido dar mi verdad subjetiva», aseguró, para añadir: que «llevo muchos años sufriendo acoso por parte de quien era interventor del Ayuntamiento, quien está citado para ser interrogado en este juicio y, al menos hoy, no se ha presentado».

Según apuntó, en el año 2010, ella, junto con toda la Corporación municipal, decidió «forzar su trasladado» y, «poco tiempo después, se presentó la querella».

De ese funcionario que presentó la querella, Luis Rogado Lopo, dijo que él «pidió estar en las listas» de su candidatura y como ella no aceptó, porque no la interesaba, «creó la plataforma, la convirtió luego en un partido político, se presentó en Villamayor y hoy es teniente de alcalde en el gobierno del PP».

Reconoció asimismo que ella denunció también por acoso a esta persona, pero su acusación no fue admitida por el juez. «Tiene una persecución política personal conmigo añadió la exsenadora-. En muchas ocasiones le denuncié ante la subdelegación del Gobierno y ante la Guardia Civil. Le denuncié por acoso y no fue admitida porque el juez me dijo que era alcaldesa y la libertad de expresión frente a los políticos tienen unos límites diferentes a los de un ciudadano normal»

«No he querido hablar nunca por respeto a la Justicia, pero tengo un problema moral a este respecto. Yo dedico parte de mi vida a cuidar mujeres que sufren violencia y acoso. El mío es un ejemplo de que cualquiera puede ser acosada y sin embargo... pensé que el juicio de los medios y de una sociedad de provincias iba a ser tan duro que aguanté mucho antes de denunciar», confesó la senadora.

Durante la vista, Diego relató al tribunal que el citado interventor se presentó en su despacho años después de las contrataciones que se juzgan y le declaró su amor. Cuando ella le rechazó «comenzó el problema de acoso sexual» que ella ve detrás del procedimiento por el que se le ha juzgado, ya que ante su negativa, comenzó a acosarla, se mudó al lado de su casa, la llamaba por las noches, controlaba sus comunicaciones y entraba a deshora a su despacho para dejarle mensajes.

«En estos momentos en el que todos los políticos somos iguales, que parece que todos somos lo mismo, hay algunos políticos que sufrimos por ser políticos otro tipo de cosas apuntó. Creo que soy desgraciadamente un ejemplo de eso».

Ausencia del interventor

Así, recordó que el interventor que la acosaba, y que no se presentó a la vista a pesar de haber sido citado como testigo, dejó definitivamente el Ayuntamiento de Villamayor tras un acuerdo de toda la Corporación precisamente por la situación que ella sufría. Y se llegó a llevar documentos oficiales, entre ellos, algunos del expediente sometido ahora a juicio.

Tras pasar por Villamayor, Daniel Nogueroles ha seguido con su labor como interventor en diferentes municipios como Tortosa, Sueca o Paiporta.

La Fiscalía pide para la exsenadora una pena de inhabilitación de 8 años por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y de nombramiento para cargo público sin concurrir los requisitos legalmente establecidos para ello. Las acusaciones particular y popular piden además responda con 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Durante el juicio que comenzó este miércoles en el alto tribunal, al que ha correspondido la causa dada la condición de aforada de Diego cuando la causa se dirigió contra ella, la exsenadora insistió en que su participación en ambos procedimientos es el de dictar las resoluciones finales, y que no es su obligación comprobar que los contratos están bien hechos puesto que las resoluciones de contratación y los propios contratos son revisados previamente por los servicios técnicos municipales y la Intervención.