La reducción de los grados reactiva la guerra universitaria contra Wert

La aprobación del controvertido real decreto 3x2 abanderado por José Ignacio Wert se perfilaba esta semana como inminente y ayer el augurio se materializó en el Consejo de Ministros. Pese a la oleada de protestas que sacudió a las universidades españolas, el Gobierno no vaciló a la hora de dar luz verde a la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que permite a los centros académicos ofertar, de forma voluntaria, grados de entre 3 y 4 años y másters entre 1 y 2 años. Wert resaltó que, con los datos actuales, la reducción en un año de la duración de los grados que decidan las universidades supondrá un ahorro en el coste de las tasas para las familias de 150 millones de euros, según informó Europa Press.

Además, el ministro rechazó las críticas vertidas por rectores, sindicatos y asociaciones de estudiantes, referidas a que la posible oferta de aumentar a dos años los másters vaya a encarecer los estudios universitarios porque, según explicó, únicamente un 20 % de los alumnos optan por cursar un máster, pues hoy por hoy no es un requisito imprescindible para acceder al mercado laboral público y privado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Wert recalcó que «se trata de una medida que busca la alineación con los países más importantes de nuestro entorno» y manifestó que los egresados tras tres años de grado también anticiparán un año «su posible incorporación laboral». Wert recalcó que el modelo de 4+1 escogido por España en su día al implantar el Plan Bolonia es «una rareza en el ámbito europeo» pues solo lo comparten Chipre, Turquía, Armenia, Georgia, Grecia, Kazajistán, Rusia y Ucrania.

El titular de Educación salió al paso de las duras críticas vertidas contra su proyecto, al apuntar que el contenido de este real decreto no es ninguna «imposición» ya que las universidades optarán voluntariamente por implantar los grados de cuatro años más un año de máster, de tres años de grado más dos de máster y de tres años de grado y uno de máster, y ellas decidirán cuándo hacerlo.

Preguntado por el rechazo que está recibiendo esta reforma universitaria, Wert matizó que no hará juicios sobre las «intenciones» que hay detrás de determinadas críticas, que son «legítimas», pero argumentó que la reforma se ha debatido con los sectores educativos. Explicó que se sometió a una «exhaustiva información pública», se dio a conocer a las comunidades autónomas y en el Consejo Universitario en el que participan todos los rectores, y el dictamen del Consejo de Estado no hizo ninguna observación de carácter «esencial».

El nuevo decreto generó ayer, y de forma inmediata, una avalancha de reacciones, la mayor parte de ellas contrarias al mismo. En Salamanca, medio centenar de personas se concentraron frente al Rectorado, convocados por CCOO, UGT, CSIFy STECyL para protestar por el plan ministerial, acto al que acudieron profesores, decanos, el candidato socialista a la Alcaldía, Enrique Cabero, y la vicerrectora de Docencia de la Usal, Carmen Fernández Juncal.

Los rectores de las universidades de Valladolid y Salamanca también han rechazado el decreto. Daniel Hernández Ruipérez aseveró el jueves que las universidades deberán «moverse», posicionarse y «adoptar medidas estratégicas». En cambio, el rector de la Universidad de León, José Ángel Hermida, estimó que este decreto «puede tener cosas positivas», pero lamentó «la premura» de tiempo con la que se ha hecho. El vicerrector de Ordenación Académica y Calidad de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, declaró que «no se está especialmente en contra del real decreto, pero sí de que se apruebe en estos momentos».

Por su parte, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, apostó por «dar estabilidad» al sistema a través de grandes pactos. «Debemos dar al sistema universitario una estabilidad aunque no sé si estamos en tiempos de grandes acuerdos», apostilló. Herrera aseguró que, en principio, la Junta ve «como razonable» la propuesta por cómo han ido evolucionando los sistemas universitarios, pero incidió en que el proceso en Castilla y León necesita de una apuesta por un modelo de futuro «con visión de Comunidad autónoma» porque «no todas las universidades tienen que competir con los mismos títulos». Es necesario, continuó, hacer una racionalización de títulos y si eso tiene que ir de la mano de un cambio en la duración de los estudios «habrá que estudiarlo», según informó Ical.

También se pronunció sobre la reforma el Partido Socialista de Castilla y León, que pidió diálogo al ministro y criticó que «se imponga» de manera unilateral un «modelo ideológico» en la educación pública. Su secretario general Luis Tudanca, cuestionó que la reforma se haga sin contar con el respaldo de la comunidad universitaria. «Wert no ha dado una, ha enfadado a todos», ironizó.

Juventudes Socialistas y el colectivo estudiantil Cea también arremetieron contra el real decreto. Frente a ellos, la diputada del PP por Salamanca y portavoz de Universidades delG rupo Parlamentario Popular, María Jesús Moro, indicó que «el texto es respetuoso con la autonomía universitaria» y«no supone una transformación radical e inmediata del sistema, dado que cada universidad puede realizar un análisis tranquilo, puede tomar las decisiones de acuerdo con sus necesidades y su particular mapa de titulaciones». Moro matizó que la modificación aprobada «no afecta en ningún caso a las titulaciones relacionadas con la Ingeniería, la Arquitectura o las Ciencias de la Salud porque éstas están sometidas a una normativa específica nacional y europea que fija su duración».

Por su parte, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se reunirá este lunes para abordar este espinoso asunto. La Conferencia de Rectores sostiene que ofrecer un modelo distinto de duración de grados y másters puede desembocar en «un mayor desequilibrio» en la oferta de titulaciones universitarias.

Una de las voces más críticas con la reforma fue la del secretario general del PSOE en el Senado, Óscar López, quien opinó que la propuesta del Gobierno «persigue ahondar en la brecha social de desigualdades», dificultando ahora la enseñanza superior, reduciendo calidad y recursos y favoreciendo a las universidades privadas. El PSOE adelantó que pedirá al ministro de Educación que explique en el Senado su «aberrante» reforma universitaria, y le acusó de ser tan «corrosivo» para la educación como la aluminosis para los edificios.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció que va a proponer a la comunidad universitaria andaluza «no aplicar» la reforma universitaria «porque devalúa lo público y perjudica a los estudiantes».

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, defendió la necesidad de abrir las universidades españolas al mundo para «mejorar su nivel» y convertirse en referente internacional para los hispano hablantes. Desde Cataluña, el secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat, Antoni Castellá, elogió el decreto y subrayó el hecho de que incide en la flexibilidad del sistema universitario.

Sin embargo, los rectores de las universidades catalanas, excepto el de la Universidad Pompeu Fabra, ven «inoportuno», «prematuro» y «precipitado» este proyecto.