El Ayuntamiento recibe la primera demanda judicial para retirar el Medallón de Franco

Si se cruza el arco de subida desde la calle Toro en una hora en la que el Pabellón Real permanece en umbría apenas llama la atención. Cuando cae el sol de la tarde ya es otra cosa. Un cuerpo extraño. Un elemento de una pigmentación y material distinto a los demás. En la enjuta de la columna que canaliza la riada humana desde Toro y la plaza del Mercado. Un medallón que mira a la derecha y una inscripción: Franco, caudillo de España. El anacronismo. La polémica. ¿La ilegalidad?

Después de años de debates, de pintadas, de actos de protesta de todo tipo, rechazando la permanencia de la efigie del dictador golpista situada en el principal monumento civil de la ciudad, el Ayuntamiento de Salamanca se enfrenta a la primera demanda judicial que solicita su retirada al amparo de la Ley de la Memoria Histórica.

La demanda ha sido formalizada por Izquierda Unida. La coalición considera que «ha llegado el momento de que Salamanca se libere definitivamente de ciertos signos del régimen dictatorial que ya no tienen cabida en democracia y con una ley de la Memoria en vigor». Así lo explica Gorka Esparza, el abogado responsable de la demanda de IU. Una petición que insiste en que la permanencia de los honores al militar no tiene ningún tipo de cabida en la actual legislación.

Hasta ahora, el principal punto de debate ha sido el artículo 15 de la ley aprobada en el año 2007, en el que se establece la obligación de las administraciones públicas de retirar «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura». Si bien, este artículo también contempla que estas medidas no se aplicarán cuando «concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley».

Esparza señala que a pesar de que el Ayuntamiento ha mantenido en anteriores etapas que el medallón estaría amparado por la protección BIC de la Plaza Mayor, esta excepción no concurre en este caso y para ello la demanda de Izquierda Unida incluye «dos muy contundentes informes periciales».

En primer lugar, siete reputados historiadores descartan ningún motivo histórico o arquitectónico para mantener el medallón. Es un informe realizado por los catedráticos Josefina Cuesta (Universidad de Salamanca), Glicencio Sánchez Recio (Universidad de Alicante), Ángel Viñas Martín (Universidad Complutense de Madrid), Julián Casanova (Universidad de Zaragoza), Lourenzo Fernández Prieto (Universidad de Santiago de Compostela), Francisco Espinosa (Universidad de Sevilla) y Ricardo Robledo (hasta su jubilación, catedrático de Historia Económica de la Usal).

El informe remitido al juzgado declara tajantemente que la conservación del medallón «no está incluida en ninguno de los supuestos de la norma», subrayando además que no estaba contemplado en el programa iconográfico original de la Plaza Mayor y que, asimismo, es un elemento externo a la estructura del inmueble patrimonial. Los catedráticos insisten en que la colocación del medallón realizado por Moisés de Huerta en el año 1936 se encuadra en un contexto de «exaltación del poder dictatorial», incluso vinculado a los homenajes a la Alemania nazi que en aquellos momentos se rendían por parte de los militares sublevados. La demanda considera que este informe «justificaría la retirada de un elemento de espíritu contrario a la democracia y a la convivencia pacífica» y además añade un segundo acto pericial encaminado a determinar el posible valor artístico de la escultura. Y tampoco es el caso, según el informe que firma Alfonso Masó Guerri, catedrático de Escultura de la Universidad de Granada.

«No es un elemento virtuoso», destaca el profesor, que subraya la pobre técnica del autor y llama la atención sobre un hecho notorio, el muy escaso parecido del retrato con Francisco Franco. Considera Masó Guerri que se trata de un medallón que copia directamente modelos de las primeras monedas acuñadas por los nacionales y que su único mérito es «servir de medio de propaganda y exaltación de la figura del dictador».

Aunque la permanencia del medallón de Franco es el caso más polémico a la luz de la ley de la Memoria Histórica, la demanda de Izquierda Unida también interpela al Ayuntamiento a la retirada de todos los honores y distinciones concedidas durante la dictadura al general.

Reminiscencias

Así, el 12 de marzo de 1948, Salamanca crea la Medalla de Oro de la ciudad, otorgando automáticamente la primera de ellas a Franco, sin ningún trámite administrativo, considerando que era merecedor «por imperativo histórico» quien fuera «egregio vecino en los años triunfales de 1937 y 1938». Más tarde, en 1964, y durante la celebración del 25 aniversario de la paz, se nombraba a Franco «alcalde de Honor a perpetuidad». Ambas distinciones nunca han sido revocadas oficialmente.

La demanda también cuestiona la permanencia del Monumento a la Unificación. Es una obra de José Luis Núñez Solé, situada ahora en el parque de Las Salesas y encargada con el fin de exaltar el decreto de unificación de la Falange Española y la Comunión Tradicionalista, firmado por Franco en Salamanca en el año 1937.

Asimismo, se ha solicitado al juzgado la retirada del callejero de varios casos de «reminiscencias franquistas». En ellos, destaca la céntrica calle Plá y Deniel. Esparza recuerda que Enrique Plá y Deniel era en 1936 obispo de Salamanca y en ese momento no solo cede su palacio para que fuera cuartel general de Franco, sino que en septiembre publica su célebre carta pastoral Las dos ciudades, donde legitima el levantamiento militar considerando que «ya no se ha tratado de una guerra civil, sino de una cruzada por la religión por la patria, y por la civilización».

Otra de las peticiones se enfoca en el barrio de los alcaldes, donde se recuerda a los distintos regidores municipales. Gorka Esparza señala que «no hemos querido ser muy estrictos con los alcaldes de los ayuntamientos de la dictadura, pero sí hay un caso que nos parece sangrante y que no se puede permitir». Es concretamente la calle que recuerda a Francisco del Valle Marín. Se trata de un coronel que fue nombrado alcalde de manera directa el 19 de julio de 1936, día en el que el comandante militar de Salamanca, García Álvarez, se suma a la sublevación militar. En ese momento comienza la represión sistemática en la ciudad. Entre otras personas, el alcalde legítimo, Casto Prieto Carrasco, era encarcelado y posteriormente fusilado en La Orbada.