El alcalde de la localidad abulense de Peguerinos califica de «maniobra» las acusaciones de prevaricación

Casi dos horas estuvo en la mañana de ayer el alcalde de la localidad abulense de Peguerinos, Luis Alfonso Elvira (PP), declarando ante el juez titular del juzgado número 2 de Ávila que le había citado para las 10.00 horas. Se le acusa de un delito de prevaricación administrativa del que le había denunciado la secretaria del Ayuntamiento, Paloma Belchi y que a juicio de Elvira responde a «una maniobra política de UGT y del PSOE» contra su persona. De hecho, a la salida del juzgado anunció el inicio de medidas judiciales contra la secretaria y el sindicato.

La secretaria es también la representante sindical de UGT en el Consistorio de Peguerinos y afiliada al sindicato, por eso sus compañeros de la federación de servicios públicos la acompañaron a la declaración ayer ante el juez. El responsable de esta área, Jesús Miguel Bahón, aseguró que el sindicato se ha personado en la causa y que a la cita de ayer habían acompañado 151 documentos en contra del alcalde con la intención de solicitar al juez que estudie si el alcalde ha cometido también «un delito de acoso laboral».

Unos minutos antes de la hora de la cita llegaba el primer edil acompañado por su abogado, Miguel Ángel Sánchez Caro, y lo hacía tranquilo y con la intención de «defender los intereses del Ayuntamiento» de su localidad, «respondiendo a lo que el juez» le preguntara.

«Presiones del PP»

Algo más «nerviosa» estaba la secretaria, según Bahón, puesto que «está sufriendo presiones por parte de miembros del entorno del Partido Popular y del Ayuntamiento de Peguerinos». Aseveró además que la denunciante lleva «muchos meses suspendida de empleo y sueldo con lo que eso supone para su casa», con lo cual, llegado el momento, «pediremos indemnizaciones».

De momento la citación llevada a cabo ayer es sólo el primer paso de un proceso que puede desembocar en un juicio. El titular del juzgado número dos deberá pronunciarse «previsiblemente en unas horas» sobre si se inicia o no este proceso judicial contra el alcalde. UGT se encargó de pedir ayer al juez -a través de su abogado- que «se adopten medidas cautelares» para el alcalde.