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S. A.
Jueves, 11 de enero 2007, 02:26
La secretaria de la localidad abulense de Peguerinos, Paloma Belchín, ha denunciado al alcalde del municipio, Luis Alfonso Elvira (PP), por un presunto delito de prevaricación y acoso laboral, aunque el sindicato UGT, al que pertenece la denunciante y que lleva su defensa, intentará demostrar además que «se ha cometido un delito de atentado a la dignidad moral», según el asesor jurídico, Francisco José Muñoz García, que compareció ayer tras haber conocido que el juzgado número 2 de Ávila había admitido a trámite la denuncia. Esto significa que el titular del juzgado tomará declaración al edil la próxima semana e iniciará las diligencias propias del caso.
Al parecer, el alcalde suspendió en dos ocasiones de empleo y sueldo a la secretaria. La primera vez fue el 23 de junio del año pasado, aunque días después el primer edil levantó esta suspensión. No obstante, el 5 de julio se le volvió a declarar trabajadora sin empleo y sueldo durante seis meses que la secretaria cumplió, aunque denunció ante la justicia y ahora espera su resolución. Transcurrido el medio año, la funcionaria se presentó en su puesto de trabajo el 5 de diciembre del año pasado a las 8.00 horas. A las 12.00 horas, el alcalde volvió a expulsarla del Ayuntamiento «por causas que tendrá que explicar», según el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Jesús Miguel Bahón. A juicio de los demandantes, la intención del edil era que la funcionaria «llevara a cabo trabajos ilegales» que permitieran «el beneficio personal del alcalde» relacionados con la recalificación de terrenos o el empadronamiento de asalariados de la empresa privada del alcalde «que no tenían los papeles en regla», según Bahón.
Si el juez reconociera al alcalde como autor de los delitos que se le acusa, el edil podría ser condenado a penas de hasta dos años de privación de libertad. El propio alcalde se mostraba ayer «sorprendido» por la denuncia y el proceso judicial abierto contra él y aseguró que lo desconocía y que no había recibido ninguna citación del juzgado para acudir a declarar la próxima semana. El sindicato pidió su dimisión e hizo un llamamiento al PP de Ávila para que «le abra un expediente disciplinario por atentar contra los derechos de los trabajadores».
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