El juez imputa a un ex concejal del PP en el caso de los miniapartamentos

El asunto que ha costado el cargo a un concejal del Partido Popular, Ángel Sancho, portavoz del grupo para asuntos urbanísticos, y una imputación a éste y a otras seis personas en el Juzgado número 2 de Segovia por un presunto delito contra la ordenación del territorio seguirá vivo este año, pero ha protagonizado buena parte de la vida municipal, con una encendida polémica política y ciudadana. La construcción de unos miniapartamentos que promovía la sociedad Hontanilla de Santo Domingo -participada por sancho y, entre otros, por el ex diputado Manuel González Herrero, también del PP- en la ribera del Eresma, debajo de la Universidad SEK para alojar presumiblemente a estudiantes, venía siendo denunciado por diversos colectivos -como Amigos del Patrimonio y Ciudadanos por Segovia- y había sido objeto de varias inspecciones del Ayuntamiento, que había autorizado a construir unos muros de contención en la parte de esta finca calificada como suelo no urbanizable y protegido.

Pero la inspección reveló que los muros de contención eran en realidad un conjunto de habitáculos con puertas, ventanas y baños alicatados. El informe de los técnicos motivó la paralización de las obras, decretada por el Ayuntamiento en el mes de mayo. A partir de ahí, se sucedieron los cruces de acusaciones entre el equipo de Gobierno de PSOE e IU y el Partido Popular. El Ayuntamiento decidió remitir el expediente a la Fiscalía, mientras el presidente provincial del PP y portavoz municipal del PP, Francisco Vázquez, denunciaba a los concejales de Patrimonio y Urbanismo (Concepción Domínguez y Juan José Conde) por presunta prevaricación, aunque la Fiscalía la rechazó a finales de junio.

Ángel Sancho anunció su renuncia como concejal finales de mayo, dos semanas después de que EL NORTE desvelara su participación en la sociedad promotora y de que uno de sus socios, el ex diputado Manuel González Herrero, afirmara que los miniapartamentos llevaban construidos un año, que se hicieron ante la posibilidad de que una modificación del PGOU permitiera el cambio de uso del suelo y, añadía, porque mientras no tuvieran un uso no se produciría la irregularidad administrativa ni ilegalidad.

Mientras el equipo de Gobierno se ha propuesto derribar los miniapartamentos, el Juzgado número dos ha imputado y tomado declaración a Sancho, González Herrero, a los administradores de las sociedades promotoras, al arquitecto y al aparejador.