Un juzgado de Burgos imputa a tres responsables de Arranz Acinas por la muerte de 10 trabajadores hace un año

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos ha emitido un auto de imputación contra tres responsables de la constructora Arranz Acinas, incluido uno de sus socios, al considerar que existen indicios de que su 'participación' en el accidente laboral que le costó la vida a diez de sus operarios en un local de Burgos mañana hace un año puede corresponderse con tres delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y contra los derechos de los trabajadores, según consta en el documento judicial fechado el 9 de enero.

El juez inculpa inicialmente al jefe de taller y socio de la empresa burgalesa, Pablo A. A.; al encargado general de las obras del carril bici en las que trabajaban las víctimas, José Luis A. J., y al encargado de obra y asesor directo del segundo, Roberto O. B., al encontrar indicios suficientes de la comisión de los delitos citados por parte de los tres imputados.

El auto incluye un breve recordatorio de lo ocurrido a las 8.30 horas del 13 de enero del 2005 en el local «diáfano» del número 2 de la calle Sauce de la capital burgalesa, utilizado de forma simultánea como vestuario y almacén, en el que un operario manipulaba una garrafa de gasolina cuando esta se incendió por motivos aún desconocidos y las llamas se propagaron por el techo del local. El hecho de que este «no estuviera cubierto, alcanzando las llamas al recubrimiento de poliuretano, hizo que este elemento al quemarse desprendiera gases tóxicos de efecto rápido para la vida» de los doce trabajadores -siete de los cuales murieron en el acto, tres fallecieron días después y otros dos lograron sobrevivir- que se encontraban dentro del almacén.

Sin evaluación de riesgos

El juez relata que «ni el plan de seguridad de las obras ni la evaluación general de riesgos de la empresa contenía referencia específica alguna al local de la calle Sauce o a su uso durante los trabajos», además de considerar que el almacén se acondicionó siguiendo las instrucciones dadas por Pablo A. A. y José Luis A. J., mientras que su uso respondió a decisiones adoptadas también por Roberto O. B., el otro imputado.

El auto emitido por el juzgado burgalés concreta que el directivo de Arranz Acinas fue quien «proporcionó personal para la adecuación del local sin hacer averiguación alguna acerca de si estaba previsto su uso dentro del plan de seguridad» y que José Luis A. J. «decidió directamente la utilización del local siguiendo la operativa habitual de la empresa».

Una ratonera sin salida

El acusado de menor rango, Roberto O. B., «adoptó decisiones conjuntas» con su superior y estuvo presente en el sobreutilizado almacén minutos antes de la deflagración, «pudiendo comprobar la existencia de maquinaria, material, combustible y vestuario de forma simultánea y sin ningún tipo de separación física en el local», prosigue el escrito del juez.

La lista de carencias que describe el titular del Juzgado de Instrucción número 2 lleva a pensar que los trabajadores se vieron encerrados en una ratonera al producirse la primera explosión. El bajo del bloque de viviendas carecía de «mecanismos antiincendios y la puerta de salida no podía abrirse hacia fuera al encontrarse la acera a un nivel superior al de la parte inferior de la puerta».