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EL NORTE
Miércoles, 7 de junio 2017, 20:11
El ex secretario regional del PSOE y ex diputado nacional, Julio Villarrubia, acudió ayer a un acto de conciliación en el Juzgado Número 2 de Palencia con la profesora del instituto Jorge Manrique que suspendió a su hija, cuya nota retrasó su acceso a la Universidad a finales del curso pasado. El acto de conciliación, una demanda previa a la querella que Julio Villarrubia interpondrá en el Juzgado Penal de Palencia, concluyó sin acuerdo. El ex secretario regional solicita 65.000 euros a la profesora en concepto de daños por el delito de injurias y calumnias que considera ha cometido la docente por mantener que no merecía aprobar Matemáticas y por tanto concluir sus estudios de Bachillerato el curso pasado.
Villarrubia, que en el acto de conciliación celebrado ayer ejerció su propia defensa pero que en la demanda que presente en el Juzgado Penal estará defendido por otro profesional, entiende que la docente ha atentado «con mala fe y falsedad contra su reputación» al acusarle a él y a otras personas de una posible prevaricación y tráfico de influencias. El ex diputado nacional ha anunciado que la indemnización que fije el juez, si la demanda prospera, será dedicada íntegramente a fines sociales, dado que repartirá el dinero entre Cruz Roja, la Asociación Contra el Cáncer y entidades que trabajan en favor de los refugiados. Villarrubia ha sostenido además que el recurso de alzada que la Junta resolvió de forma favorable para el aprobado de la niña está argumentado en «informes periciales técnicos y jurídicos».
En estos últimos días, el fiscal jefe de Palencia ha decidido archivar las diligencias informativas abiertas tras el escrito presentado por la profesora del Instituto Jorge Manrique en el que mostraba su disconformidad por el aprobado en Matemáticas obtenido por la alumna. El fiscal ha descartado que hubiera arbitrariedad en el proceder de la Junta al resolver de forma favorable un recurso de alzada planteado contra la nota que obtuvo la alumna.
La Fiscalía ha considerado que tanto la resolución de la Dirección Provincial de Educación como la de la Delegación Territorial de la Junta están amparadas en los informes pertinentes. El Ministerio Público entiende además que el tema no tiene recorrido no en la vía penal ni en la administrativa.
El fiscal reclamó a la Delegación Territorial de la Junta toda la documentación relativa a este caso. La administración regional insistió durante todo el proceso en que el procedimiento fue correcto.
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