Escenario de devastación en Venta de Baños

«Si hubiera que hacer una película de ciencia-ficción sobre el fin del mundo, este sería el escenario». Es el comentario sarcástico que se escucha en Venta de Baños sobre lo que queda de la antigua azucarera, una industria que durante décadas de auge generó a su alrededor todo un poblado, con su iglesia, sus escuelas, su economato y hasta un casino. Hoy, esas 30 hectáreas son un inmenso caos de edificios en ruina, cascotes, hierros, tanques de combustible y melazas herrumbrosos, bidones, bolsas de contenido inclasificable y cuyos vertidos se mezclan con el agua de lluvia, formando charcas inmundas.

El escenario devastado tiene hasta ambientación olorosa. Un penetrante hedor de melazas, fermentos y otras emanaciones impregna el entorno y llegan hasta las viviendas próximas. Los vecinos llevan años sufriendo esta pestilente contaminación ambiental, que, en ocasiones, se propaga hasta el casco urbano, aunque los venteños ya casi ni lo perciben, y vuelven a ser conscientes cuando alguien de fuera lo constata, como aquel visitante alemán que les dijo a los amigos mientras tomaban cañas: «Perdonad, pero a mí aquí me huele a mierda».

A este estado de cosas se ha llegado después de diez años de abandono. O, más estrictamente, dieciséis, si se tiene en cuenta que el declive comenzó en 1998, cuando Ebro Agrícolas dejó de molturar remolacha en esta factoría, aunque la actividad en la alcoholera se mantuvo hasta 2004. Un año más tarde llegó lo que se perfilaba como la alternativa para sacar partido a la zona. La empresa Inversiones Financieras del Duero vinculada a Inprocosa. Inversiones, Proyectos y Construcciones, que compró los terrenos y su contenido, presentó al Ayuntamiento un faraónico proyecto para construir 999 casas unifamiliares adosadas. La empresa llegó a negociar con el equipo de gobierno municipal las cesiones que le corresponden al Ayuntamiento por el desarrollo del Plan Parcial, y hasta se acordó la permuta de una parcela municipal por otra del recinto que le interesaba al Ayuntamiento para ampliar un parque próximo.

«¿Localizarles? Qué más quisiera», lamenta la alcaldesa de Venta de Baños, la socialista Chelo Pablos, ante el planteamiento de pedir responsabilidades a la empresa. Pablos indica que en un primer momento solicitaron una licencia de derribo, «y lo dejaron a medias». Tanto la alcaldesa como la concejala de Urbanismo, Rosa Juanes, afirman que los responsables de la empresa están en paradero desconocido. Al menos, en estos años, no han contestado ni a llamadas y comunicaciones, «y hemos insistido, porque la empresa nos debe dos millones de euros», indica Rosa Juanes. Esa deuda corresponde a las tasas del IBI impagadas en este tiempo y a las cesiones de suelo, ya que se acordó que parte de ellas se entregaran en dinero. La cantidad sería de 1,3 millones, que con los intereses de demora sumarían dos millones, concreta la concejala.

La responsable de Urbanismo insiste en que el Ayuntamiento se encuentra «atado» para intervenir, ya que, por un lado, hasta el próximo año no termina el plazo para desarrollar el proyecto de urbanización. Por otro lado, la administración local no tiene capacidad ni competencias para ejecutar subsidiariamente la limpieza de los terrenos. «Además del elevado coste, nuestros técnicos no pueden manipular residuos potencialmente peligrosos. Esta materia es competencia de la Junta», señala Rosa Juanes.

Intervención del Seprona

Desde el Ayuntamiento se presentó una denuncia en diciembre de 2011, a través de la Policía Local, por vertidos de melaza en la carretera cuando se retiraba el producto. Guardias del Seprona inspeccionaron el lugar, pero «no consta» si se hizo un informe o dio lugar a sanción, y tampoco tras la denuncia en octubre de 2012 por un incendio en los antiguos depósitos de melaza y combustible, explica la concejala. La edil afirma que se han mantenido contactos con la Junta sobre este asunto, aunque el problema no se ha solucionado.

La pasada semana, Izquierda Unida denunció públicamente la situación y envió un escrito al delegado territorial de la Junta, Luis Domingo González, en el que expone la situación, alerta del peligro de los residuos y pide que la administración regional tome cartas en el asunto ante lo que califica de «atentado al medio ambiente, que puede suponer un problema para la salud», según se expone en el comunicado del portavoz del IU en el Ayuntamiento venteño, Félix Iglesias.

El delegado declaró que algunos aspectos del problema «no afectan a esta administración», y añadió que, en cuanto a los que sí afectan, «que a nadie le quepa duda de que vamos a ser exigentes y beligerantes con que se cumpla la legislación y, por lo tanto, la Junta cumplirá directamente o hará cumplir a terceros que sean los responsables, y en caso de no actuar, se abrirán expedientes sancionadores», afirmó.

Se da la circunstancia de que el Servicio Territorial de Medio Ambiente ya ha elaborado un informe este mismo año sobre los terrenos de la azucarera, aunque desde la Delegación no se ha aclarado si dio lugar a sanciones o no.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Venta de Baños, Miguel Sánchez, ha subrayado que «todo es cuestión de voluntad política», en referencia al equipo de gobierno municipal, al que culpa de «parálisis e ineficacia». Añade que «si la empresa está en paradero desconocido, hay juzgados». Asimismo, el portavoz del PP critica que Izquierda Unida «apoye al equipo de Gobierno y no exija contrapartidas si es que quiere que se actúe en el caso de la antigua azucarera y en otros casos urbanísticos», indicó Sánchez.

Así las cosas, y aunque desde el Ayuntamiento no descartan recurrir a la Fiscalía, el abandono de los terrenos y estructuras corre el peligro de prolongarse indefinidamente, cuando ya todos dan por hecho que en ese suelo nunca se construirá la urbanización proyectada. De hecho, el portavoz de IU, Félix Iglesias, se muestra convencido de que nunca hubo intención de construir las casi mil viviendas.

Operación financiera

El también diputado de IU Félix Iglesias, que se confiesa un friki de la antigua azucarera, lleva años recopilando documentación sobre el asunto e intentando buscar la forma de abordar el problema. Él y su familia son parte afectada, ya que residen en unas viviendas próximas. Iglesias explica que la empresa Inversiones Financieras del Duero solicitó un préstamo de nueve millones de euros para la compra de los terrenos, y hace notar que el crédito lo contrató con la Caja del Mediterráneo, CAM, la primera de las entidades «en caer» fue intervenida por el Banco de España, en julio de 2011. El coste de la compra fue de seis millones, e Iglesias se cuestiona qué hizo la empresa con los otros tres. Afirma que «no devolvieron ni el primer plazo del préstamo».