La plantilla de Nutrexpa insiste en el objetivo de mantener el empleo

«Alucinados» y «de piedra». Es el ánimo con el que se han quedado no solo el presidente del comité, Jaime Serrano, sino toda la plantilla de Nutrexpa, y con el que asistieron ayer a la primera asamblea tras el anuncio del ERE y de cierre de la planta de Palencia. Y es que todavía no se habían recuperado de la sorpresa y, desde luego, la indignación, al conocer el día anterior que la empresa tenía desde el año 2011 un elaborado plan para desmantelar la fábrica de Palencia, donde se elaboran los batidos de cacao de las marcas Cola-Cao y Okey.

Curiosamente, el que se haya hecho público, ha venido a confirmar las sospechas que los propios trabajadores y el comité habían manifestado en reiteradas ocasiones y aclara movimientos como el desvío de la fabricación a otras empresas, la falta de inversiones, y el abandono de proyectos I+D+i de sacar al mercado nuevos productos con nuevos diseños y etiquetas, según recordaron ayer algunos de los empleados.

Con sus puestos pendientes de un hilo, la reunión de ayer sirvió para dar a conocer a los trabajadores las posibles formas de abordar la situación y la repercusión que pueda tener el que se hayan desvelado los planes preconcebidos de Nutrexpa de descapitalizar la empresa para provocar el cierre.

Maniobras

A la sesión asistió como asesor el secretario de Organización de UGT Castilla y León, Roberto Rabadán, quien criticó los procedimientos de la empresa y califico de torpes «sus maniobras», ya que incluso reflejan los costes del cierre. El dirigen ugetista culpó a Nutrexpa de intentar sembrar el cisma entre los trabajadores al planificar negociaciones para recolocar a los miembros del comité. «Tengo que asegurar que eso es mentira», declaró Rabadán ante la asamblea.

A las puertas del inicio de las reuniones negociadoras sobre el ERE la primera está fijada para el día 22 los trabajadores de Nutrexpa desconocen totalmente los términos del expediente, pero parten de la premisa de que «lo que queremos es seguir trabajando aquí», en palabras del presidente del comité. De hecho, en la asamblea quedó claro que «no nos creemos» los planes de recolocación anunciados por la empresa, y, en todo caso, no es más que una oferta que exige la ley, como también se recordó ayer. Y, como ya se ha advertido, la opción de traslado a la galletera de Reinosa suscita rechazo, porque temen que igualmente esté abocada al cierre.

Una de las posibilidades que ya se había apuntado, y que cobra vigencia ante la nueva información sobre los planes de la empresa, es la de impugnar judicialmente el expediente de regulación. Si como indicaron los directivos de Nutrexpa, se alegan causas económicas, se podría esgrimir que la propia empresa las ha provocado, o que «puede haber pérdidas en este centro de trabajo, pero no en el grupo», como señaló el secretario de Organización de UGT.

Ahora bien, Roberto Rabadán aclaró que «hasta ahora, la empresa no ha cometido ningún error legal». Además, según advirtió el presidente del comité de empresa, se puede dar el caso de que se declare nulo el expediente, y que el juzgado obligue a que se nos readmita, pero en una empresa que para entonces ya esté cerrada».

45 días por años

El dirigente ugetista insistió también en que «para nosotros lo principal es mantener el empleo». Aunque inmediatamente añadió que «si la empresa se empeña en cerrar, lo hará», en cuyo caso, Roberto Rabadán advirtió de que «hay que tener claro que no somos romanos con el pecho de hojalata».

Ante la tesitura de los despidos, en la asamblea se aclararon algunos aspectos elementales. Así, el presidente del comité subrayó que «la empresa tiene intención de echarnos poco a poco. Esta solución no la aceptamos. Si se nos va a despedir, que se haga de golpe», afirmó.

Tanto desde la mesa de representantes como desde los asientos de los trabajadores hubo coincidencia en que «no nos sentaremos a negociar un despido de 20 días por año, eso ya nos lo da la ley». Por ello, en las negociaciones sobre los eventuales despidos se pedirá la máxima indemnización con las condiciones de antes de la reforma, 45 días por año y 42 mensualidades.

Como cuestiones previas, el presidente del comité comunicó a los asistentes el interés de la Junta y de la propia ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por el futuro de los trabajadores, según les transmitieron el director general de Trabajo, Carlos Díez, y el de Industrias Agrarias, Jorge Morro, en la reunión mantenida el viernes.

Igualmente, Jaime Serrano comunicó que desde la Junta «se va a seguir con lupa» el expediente de regulación.