Extensión atómica

La propuesta remitida por Iberdrola y Endesa al Ministerio para la Transición Ecológica con el ánimo de extender la vida útil de las centrales nucleares en España ha sido considerada por el departamento de Sara Aagesen como una «declaración de intenciones» que no cumpliría con los tres requisitos establecidos por el Gobierno para atenderla como una solicitud formal. Que garantice la seguridad de las personas, asegure el suministro energético y no acarree mayores costes para los ciudadanos. A pesar de las objeciones del ministerio, y de que las otras dos compañías con presencia en el sector –Naturgy y EDP– no hayan suscrito la misiva, parece más que razonable que las firmas dispuestas a explorar ese nuevo paso –teniendo en cuenta además que Naturgy lo está para la central de Almaraz– puedan acceder a una relación formalizada con el ministerio. El Gobierno entiende que las compañías proponentes de la extensión de la vida útil de las nucleares persiguen solo rebajar la tributación de sus instalaciones. Objetivo ineludible para rentabilizar su explotación, dado que soportan una carga fiscal de hasta 28,6 euros por megavatio hora. De modo que la prolongación temporal de su funcionamiento contribuiría a aliviarla, opción que la Administración no debería desechar, toda vez que la existencia misma de los reactores contribuye a la seguridad energética como bien social.