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Melchor Sáiz-Pardo
Domingo, 26 de febrero 2017, 12:19
La Fiscalía Anticorrupción parece omnipresente en las últimas semanas. Suyos son casos como Nóos, Gürtel, Púnica, 3% o Pujol. Antes había habido otros tantos sumarios tan mediáticos como Malaya, Palau, Pretoria, Ballena Blanca, Brugal, ERE, Mercasevilla, Gil, Afinsa, Forum Filatélico, Gescartera, Filesa, Sintel..
El departamento está ahora en el ojo del huracán. El nombramiento de Félix Moix, exfiscal jefe de Madrid y considerado muy próximo a las tesis del PP, ha vuelto a poner el foco en el brazo del Ministerio Público contra los corruptos, cuando parecía que este departamento se alejaba de las primeras páginas tras la polémica actuación del fiscal anticorrupción balear Pedro Horrach negándose a acusar a la infanta Cristina.
En el imaginario popular, «Anticorrupción» (oficialmente la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada) aparece como una gran maquinaria del Estado capaz de acorralar a las 'manzanas podridas', siempre que sus responsables tengan voluntad política. Pero la realidad de este departamento es mucho más prosaica: la falta de medios personales y económicos ahoga literalmente al personal, que lucha cada día para que las montañas de papeles no se les caigan encima.
El carrito
Quizás -dicen en Anticorrupción- la imagen que mejor define la situación de esta fiscalía es la foto del despacho de Horrach hasta arriba de documentos y al fondo el famoso carrito 'distraído' de supermercado, usado como improvisado archivo.
Las cifras dan buena cuenta de esta situación extrema a la que se enfrentan todos los días este puñado de 'intocables' (como los de Eliot Ness) que encargan de perseguir la corrupción en toda España. A 31 de diciembre de 2015, últimos datos oficiales disponibles, la plantilla completa de la Fiscalía de Corrupción era de únicamente 133 personas. En los últimos meses ha habido refuerzos, pero también bajas, por lo que el número real en la actualidad es solo algo superior. 133 personas, pero no todos son fiscales. Hay 24 fiscales en la sede central de Madrid, a los que hay que sumar otros 29 entre fiscales fijos y temporales en las delegaciones (Baleares, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Valencia, Sevilla, Castellón, Alicante, Almería, Cádiz, Murcia y Barcelona). El resto es personal de ayuda: 32 «colaboradores», once funcionarios de Hacienda, siete miembros de la Intervención General del Estado, diez policías nacionales y 20 guardias civiles. Y punto. Eso es todo.
Con esas mimbres, la Fiscalía Anticorrupción encara un trabajo que no para de crecer cada año. En 2015 esos 133 'intocables' intervinieron en 371 procedimientos diferentes, 31 más que el año anterior, y la inmensa mayoría de una complejidad muy por encima de los casos que se ventilan en otras fiscalías.
En 2015, además de tratar de investigar las tramas de corrupción ya bajo la lupa, tuvieron que comenzar a indagar sobre otras 621 denuncias que llegaron a la oficina. Un trabajo ingente, sin contar la burocracia permanente. En un solo año reciben casi 2.500 escritos de entrada de diferentes juzgados y tienen que tramitar más de 7.200 documentos de salida. Un papeleo terrible y unas pesquisas muy complicadas que solo a veces llegan a buen puerto. En 2015, Anticorrupción formuló 16 denuncias, presentó 47 escritos de acusación y consiguió 20 sentencias condenatorias por solo dos de absolución.
Las quejas por la falta de medios de los fiscales Anticorrupción son recurrentes desde que en 1995 se creara este departamento al calor de los escándalos por los casos de Filesa, Roldán, GAL o Naseiro. De la decena de fiscales se ha pasado a poco más de medio centenar en 22 años. Poco, pero algo es algo, sobre todo cuando entre 2003 y 2004 Anticorrupción estuvo a punto de desaparecer porque ya parecía no tener sentido su existencia.
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