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Nuria Vega
Viernes, 23 de octubre 2015, 15:36
El Gobierno censura que Artur Mas abuse del victimismo para evitar "asumir responsabilidades" tras las detenciones de cargos de Convergencia en la investigación judicial por el supuesto cobro de comisiones del 3%. Mientras el presidente en funciones de la Generalitat mantiene su confianza en el tesorero y el extesorero del partido y acusa al Estado de orquestar una operación contra él, Soraya Sáenz de Santamaría redobla la presión y acusa al dirigente catalán de "escudarse en la política" y de "poner trabas" a la justicia.
"Quien puede tener una responsabilidad, al menos política en esta cuestión, lo último que debe hacer es presentarse como víctima -ha advertido la vicepresidenta-, porque si se confirman esas comisiones, el perjuicio es para lo público". La número dos de Mariano Rajoy ha recordado que los catalanes "pagan sus impuestos para que se hagan contratos con legalidad y transparencia" y ha instado a Mas a respetar tanto a los ciudadanos como a los tribunales. "Sus declaraciones son impropias en cualquier gobernante político, porque su primera obligación es respetar al resto de poderes del Estado, muy particularmente al poder judicial y todos los que colaboran en las investigaciones judiciales", ha valorado Sáenz de Santamaría.
En el apartado político, la vicepresidenta ha recordado tanto a Junts pel Sí como a la CUP sus apoyos en las elecciones del pasado 27 de septiembre y ha llamado a ambas candidaturas a tener en cuenta los resultados antes de presentar una declaración hacia la república catalana. A juicio de la vicepresidenta, los electores "no avalaron" en las urnas el proyecto secesionista y las opciones que defienden la ruptura obtuvieron "escasamente el 47% de los votos".
"Ese es el panorama del Parlamento de Cataluña y, al margen de lo que puedan decidir, mi pregunta es la siguiente: ¿Un porcentaje tan exiguo tiene legitimidad política, ya no digo legitimación legal que no la tiene, para llevar a cabo declaraciones de esa naturaleza?", ha concluido tras matizar que para reformar el estatuto de autonomía ya se necesitan dos tercios del parlamento autonómico.
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