El Supremo investigará a Chaves y Griñán por el caso de los ERE

La sala segunda del Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite la causa de los ERE fraudulentos de Andalucía contra los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñan por considerar que "en una valoración muy provisional" los hechos señalados por la juez instructora "pudieran ser delictivos". Ahora será un juez instructor, Alberto Jorge Barreiro, quien verifique si "existen indicios consistentes, o dicho de otra forma, principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas".

Con esta decisión, el Alto Tribunal contradice a la juez instructora de la causa, Mercedes Alaya, y acepta la propuesta de la Fiscalía de dividir la causa y hacerse cargo de la parte del sumario de los ERE que afecta a personas aforadas. Así, la Sala de lo Penal del Supremo asume también la investigación sobre los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, en su calidad de diputados del Congreso; y de la también exconsejera de Andalucía Mar Moreno y del expresidente José Antonio Griñán, en su calidad de senadores.

Además, el Supremo señala que respecto a las otras personas no aforadas, el procedimiento continúe en el órgano competente. Es decir, que sea el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) quien se encargue de dirimir sobre la actuación de los exconsejeros autonómicos también señalados por Alaya en su exposición razonada al ser parlamentarios autonómicos: Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Manuel Recio. Se ha nombrado a Alberto Jorge Barreiro como instructor de esta causa.

La juez de Sevilla preimputó a los cinco cargos con aforamiento nacional y les otorgó el mismo derecho que los imputados en los procedimientos penales. La Fiscalía del Supremo se mostró partidaria en el dictamen elaborado en colaboración con Anticorrupción con que la competencia sobre su investigación corresponde al Alto Tribunal.

Ayudas sin control

La exposición razonada remitida al Supremo señala que, entre el año 2000 y el 2012, desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se organizó un sistema que tenía como finalidad proceder al pago de ayudas a empresas, ayudas socio laborales y ayudas directas a trabajadores.

Este sistema, señala el informe, permitía disponer de importantes cantidades de dinero que ascendía a 855 millones de euros para hacer efectivos dichos pagos sin estar sujetos al al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas.