La Diputación remite al juez documentos que acreditan el pago de 105.000 euros a una empresa Púnica hasta octubre

La investigación en la Operación Púnica avanza en el seno de la Diputación de León. El Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ha solicitado la documentación que obrar al respecto de la mercantil Madiva Editorial y Publicidad S.L., una de las empresas vinculadas a Alejandro de Pedro, encarcelado al igual que Marcos Martínez y Francisco Granados.

Un requerimiento al que, según han informado desde la Diputación, cursaron inmediatamente para remitir en la mañana de este miércoles a través de soporte informático toda la documentación solicitada, así como a través de los originales de mensajería urgente. Documentación en la que se concluye que la Diputación de León seguía pagando hasta el pasado mes de octubre a esta empresa, cuyos pagos desde el 5 de mayo de 2012 ascendían a 105.038,30 euros.

La información ha sido trasladada este miércoles por el presidente en funciones de la Diputación de León, Lupicinio Rodrigo, a los cuatro portavoces de los grupos políticos representados en la institución, Luis Rodríguez Aller, Lázaro García Bayón, Matías Llorente y Jaime González, en el marco de una reunión.

Asimismo se informó, como ya confirmase este martes en el pleno, la condición de testigo del Interventor de la Diputación por lo que se decidió revocar el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno del pasado 7 de noviembre, que solicitaba a la Junta de Castilla y León la incoación de expediente disciplinario y, en su caso, la adopción de medidas cautelares. Se explicó, además, la imposibilidad de adoptar este tipo de medidas cautelares por parte de la Diputación, por carecer de competencia objetiva para tal medida, por no existir causa legal para privar de funciones a un testigo judicial.

Reorganización en la Diputación

Del mismo modo, se puso en conocimiento de los diferentes grupos políticos la necesaria reorganización en lo referente al número y composición de las comisiones informativas. Al existir la obligación legal de que todos los miembros no adscritos de la corporación participen en todas y cada una de ellas, y para mantener el número impar de las mismas y la proporcionalidad respecto a la composición del pleno, las comisiones que antes tenían 13 miembros, pasarán a tener 14.

En otro orden de cosas, formalmente, se ha ofrecido a todos los grupos de la oposición la posibilidad de formar parte de la mesa de contratación de la Diputación, requiriéndoles para que, en el día de mañana, manifiesten su decisión al respecto y, en caso afirmativo, designen representante en la misma.

De común acuerdo se ha decidido que, este mismo viernes tras el pleno de elección de presidente, se convoque para el próximo lunes 17 de noviembre, el preceptivo pleno de organización derivado de las modificaciones experimentadas en la corporación provincial. El objeto es no demorar, ni un solo minuto, el normal funcionamiento de la institución y que las sesiones de las comisiones informativas, ya señaladas para la próxima semana, se celebren con la nueva composición de miembros.

Desde el quipo de gobierno, una vez más, se ratifica «la voluntad de dar permanente y objetiva información a la oposición y a la opinión pública en general de todas las actuaciones que se lleven a cabo».