La Audiencia Nacional obliga al Gobierno a pagar 50 millones a las mineras del Grupo Alonso

La Audiencia Nacional obliga al Gobierno a abonar a Uminsa y Coto Minero Cantábrico (CMC) 50 millones de euros de ayudas correspondientes al ejercicio de 2012 que fueron denegadas con una resolución dictada por el Ministerio de Industria el 19 de febrero 2013. Una situación que llevó a la primera compañía minera del grupo Alonso al concurso de acreedores.

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional procede a anular las resoluciones en contra del Instituto del Carbón y exige que dé traslado al Consejo de Ministros de la petición para que se proceda al abono de las cantidades correspondientes a la sociedad carbonera.

El Ministerio de Industria alegó en ambos casos que en el momento de solicitar las ayudas que ambas empresas no tenían al corriente los pagos a la Seguridad Social, si bien por parte del grupo Alonso pudieron demostrar finalmente que sí lo estaban en el momento en el que las subvenciones solicitadas fueron concedidas.

De esta forma, la Audiencia Nacional resuelve a favor de la compañía minera el recurso presentado en mayo de 2013 ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo contra la resolución denegatoria de las ayudas.

Los representantes del grupo empresarial acudieron a los juzgados con el fin de que fuera la Justicia la que decidiera finalmente sobre la legalidad del bloqueo de las ayudas, concretamente para aclarar si se ajustaba a derecho la resolución del Instituto del Carbón por la que se resolvía la convocatoria de ayudas previstas en la Resolución de 19 de septiembre de 2012.

Un acuerdo que denegaba las ayudas solicitadas por Coto Minero Cantábrico por 19.817.161 euros y por Unión Minera del Norte por importe de 29.332.620 euros después de que la Tesorería General de la Seguridad Social emitiese con fecha de 19 de febrero de 2013 certificaciones negativas indicando que ambas empresas no estaban al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Desde la compañía minera se han limitado a confirmar únicamente la sentencia y no han querido entrar a realizar ninguna otro tipo de declaración.