La acusación pide la imputación del consejo de Caja España por los préstamos a Santos Llamas

«Espero que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, cumpla con la palabra que dio en su día en el Parlamento y nos acompañe en la acusación frente a lo ocurrido en Caja España» ha declarado el coordinador regional de Izquierda Unida y procurador en las Cortes regionales, José María González, tras anunciar que los peritos del Banco de España han ratificado ante el juez el contenido del informe realizado sobre los préstamos que Caja España concedió y renegoció a quien era el presidente de la entidad en 2009, el empresario leonés Santos Llamas. Según los peritos, la renegociación de estos créditos y su refinanciación responde a razones inexplicables dado que ni siquiera eran aceptables en los informes de riesgos elaborado por la propia entidad.

La acusación particular que ejercen IU y Ecologistas en Acción ha pedido publicamente que el juzgado que investiga la concesión de créditos al empresario Santos Llamas por parte de Caja España en 2009 llame a declarar como imputados a los 17 integrantes del Consejo de Administración de aquella entidad, hoy desaparecida y que a finales de 2010 se fusionó con Caja Duero antes de ser absorbida por Unicaja a petición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Responsabilidad de la Junta

Las dos organizaciones que ejercen la acusatión consideran que «algún responsable de la Consejería de Economía y Empleo» deberá explicar ante el juez, también con la condición de imputado, la razón por la que este departamento del Ejecutivo regional autorizó, como exige la Ley de Cajas de Castilla y León, la refinanciación de las deudas de Llamas, a pesar de que la entidad financiera admitió en la respuesta a la petición de información de la Consejería que la refinanciación no contaba con nuevas garantías que avalaran la refinanciación del crédito y la concesión de un nuevo préstamo, si no que se basaban exclusivamente en una retasación de las garantías ya presentadas con anterioridad.

El coordinador general de IU en Castilla y León, José María González, ha informado en una rueda de prensa que los peritos del Banco de España han constatado en el Juzgado de Instrucción número 5 de León que las decisiones tomadas por los consejeros y que beneficiaban al presidente de la entidad financiera en aquel momento, Santos Llamas, «son inexplicables desde el punto de vista jurídico, económico y contable».

Proceso dilatado

González ha solicitado al Juzgado que agilice la instrucción para demostrar a los ciudadanos «que al menos una pata del Estado funciona en defensa de la legalidad», ya que de lo contrario llegaría a la conclusión de que «se está dilatando a propio intento». Recordó en este sentido como desde junio del año 2013 hasta esta nueva situación, no había habido nuevas actuaciones sobre este caso, que IU promueve desde noviembre de 2011. «Que entonces el fiscal jefe del Tribunal Superior actuó con diligencia, pero que a partir de ahí... la administración de Justicia ha tenido unas actuaciones muy extendidas en el tiempo», ha señalado.

Sobre la actuación de la Junta en este caso, el dirigente de IU ha recordado que Juan Vicente Herrera se ofreció en su día para acudir a los juzgados, incluso permaneció en la Presidencia del Gobierno regional durante nueve días el documento elaborado por la acusación a la espera de que desde allí se indicara a IU si se unían o se presentaban algunas modificaciones sin que finalmente hubiera respuesta. De manera, que González entiende más bien ha ocurrido lo contrario y la administración utiliza «una manta para tapar posibles ilegalidades».

Delito de administración desleal

Desde IU y Ecologistas en Acción entienden que nos hallamos ante los indicios de un posible delito de administración desleal cometido por los responsables del Consejo de Administración, ya que «en lugar de salvaguardar los intereses de la entidad, trabajaron en beneficio personal y de las empresas de Santos Llamas», ha concretado el abogado de IU -CyL, Gorka Esparza.

En el caso del responsable de la Consejería que firmó la autorización de la refinanciación de las deudas, cuyo nombre desconoce la acusación particular por no tener acceso al documento, IU y Ecologistas en Acción creen que se le podría llegar a atribuir la comisión de un delito de prevaricación, por tomar esa decisión a sabiendas de que era injusta, en palabras del letrado que representa a Ecologistas en Acción, Luis Oviedo.

Según la acusación particular, cuando en enero de 2009 Santos Llamas pidió a la entidad que presidía la refinanciación de sus deudas, Caja España remitió el informe a la Consejería de Economía y Empleo, que pidió garantías para autorizar la operación, a lo que la entidad únicamente contestó con una modificación de las tasaciones -al alza- de las propiedades de Santos Llamas, tras lo que se dio luz verde a la operación.

Posible prevariación

Para el abogado de Ecologistas, la Junta «ejerció más una función de descontrol que de control», ya que en aquel momento, en 2009, la valoración de los inmuebles «ya había empezado a caer de manera importante» y sin embargo, en este caso se admitió una revalorización.

Izquierda Unida y la organización ecologista calcula que el quebranto para la entidad financiera, que se extiende también en parte al momento en el que se fusionó con Caja Duero, asciende a unos 47 millones de euros.

González ha confirmado que llevará esta cuestión al próximo pleno de las Cortes de Castilla y León, donde preguntará al presidente autonómico por su visión acerca de las actuaciones en la caja y por el papel desarrollado por la Consejería de Economía y Empleo