El Gobierno anula las 25.000 multas del primer estado de alarma en Castilla y León

La medida afecta en la comunidad especialmente a las 8.000 personas que hasta el pasado mes de mayo habían hecho frente ya a las sanciones que se les impusieron por vulnerar el confinamiento, los cierres perimetrales o los horarios de paseo establecidos una vez que se relajó el encierro de la población en sus casas al bajar la incidencia de la pandemia de coronavirus. Por aquel entonces, otros 2.855 ciudadanos habían recurrido y se encontraban a la espera de la resolución de los tribunales.

En total, en los 98 días que duró aquel primer periodo de restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido a la gravedad de la pandemia, en Castilla y León se firmaron 56.299 propuestas de sanción. De ellas, menos de la mitad, 25.263, llegaron a tramitarse.

La provincia con más infracciones, según datos del Ministerio de Interior, fue Valladolid, con 12.414, seguida de Burgos (9.802) y León (8.256).

En el total de España son 1.142.127 las propuestas de sanción que ahora quedarán sin efecto y de las que ese grupo integrado por técnicos de todas las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno (excepto del País Vasco y Cataluña que tienen esta competencia transferida) y personal de la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía, el Tesoro Público y Política Territorial procederá a paralizar el cobro o, llegado el caso, a devolver los importes ya recaudados.

Estos especialistas, además de proceder a los reintegros de las multas impuestas en aplicación de la 'ley mordaza', tienen orden de anular todos lo expedientes que todavía se están tramitando por las diferentes administraciones.

Según han explicado fuentes del Ejecutivo, la idea es que la Administración, a través de la puesta en marcha de programas informáticos, proceda de oficio a reintegrar el dinero que, en muchos casos, las instituciones han cobrado de forma ejecutiva. La intención del Ministerio de Política Territorial es que los ciudadanos afectados puedan facilitar de forma telemática una cuenta para las devoluciones de las sanciones.

El estado de alarma declarado por el Real Decreto de 14 de marzo habilitó a las fuerzas de seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario, pero el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional declaró ilegal esta medida al entender que el encierro supuso una suspensión de los derechos fundamentales y no una simple limitación de los mismos, como sostuvo el Ejecutivo central en la argumentación jurídica del decreto, que la corte de garantías zanja que vulneró la Constitución. Suspender derechos como el de la libre circulación –entendió la sala- es algo que el Gabinete de Sánchez solo podía haber hecho bajo el paraguas del estado de excepción, el más severo de los previstos en la Constitución y que hubiera requerido el permiso previo del Congreso de los Diputados.

El balance final dejó 1.142.127 multas impuestas en toda España en el primer estado de alarma (desde el 14 de marzo al 21 de junio de 2020) , y al menos 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma (desde 26 de octubre hasta mayo de este año), según datos del Ministerio del Interior.

De acuerdo con las informaciones del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de las 481.969 actas de propuesta de sanción tramitadas hasta mayo, 172.482 se habían resuelto con sanción; 87.826 habían sido trasladadas a otras administraciones (autonómicas y locales); 54.193 se encontraban todavía en proceso de instrucción; y 11.206 habían sido archivadas. El resto, 156.262, tras el análisis del instructor correspondiente, habían sido archivadas

Andalucía (195.986) y Madrid (184.517) eran las comunidades autónomas en las que más expedientes de denuncia se interpusieron entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Ceuta y Melilla presentaban las menores cifras, con 9.472 y 4.199 propuestas, respectivamente.