Colapso en los juzgados de Medina del Campo

El atasco es tal que la instrucción de un procedimiento penal puede alargarse hasta cuatro años

«Insostenible», «caótico» y «atasco en toda regla». Así es cómo describen la situación que viven desde hace meses abogados y funcionarios de los juzgados de instrucción número 1 y 2 de Medina del Campo que, una vez más, han decidido alzar la voz para demandar de una manera firme y contundente al Tribunal Superior de Justicia la creación de un tercer órgano judicial.

El volumen de trabajo, que supera los 8.283 procedimientos abiertos durante los pasados doce meses, y la falta de funcionariado, sobre todo la de un juez de apoyo o de refuerzo, hacen que la instrucción de un proceso penal pueda alargarse hasta cuatro años.

«Tenemos una situación lamentable, ya que el atasco es tan grande que podemos decir a ciencia cierta que los juzgados medinenses se encuentran colapsados», aseguran tanto el delegado del Colegio de Abogados en el Partido Judicial de Medina del Campo, Carlos González; como la vocal del Colegio de Procuradores en el municipio, Ana Pena. Además de repasar las cifras y estadísticas del pasado ejercicio, y exponer la necesidad urgente de ampliar la plantilla del cuerpo funcionarial de los juzgados, subrayan que el LexNet (la plataforma digital de intercambio seguro de los órganos judiciales) ha contribuido a que el atasco sea mayor.

52.000 habitantes

En este sentido hay que recordar que los juzgados medinenses atienden a una población total de 52.000 habitantes y que, según el Ministerio de Justicia, en España habría que tener un juez cada 10.00 habitantes, por lo que «en Medina del Campo es imprescindible la creación de un tercer juzgado».

Ante esta problemática, que ya es antigua, los abogados han decidido volver a solicitar una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), José Luis Concepción, para que «tomen medidas de una vez y sean conscientes de la situación extrema que tenemos en los juzgados».

La carga de trabajo en estas dependencias judiciales se ha visto incrementada durante los últimos años de forma notable debido a nuevos conflictos sociales y económicos como son todas las denuncias de particulares por las cláusulas suelo. «Hasta contar con un nuevo juzgados es urgente ampliar la plantilla ya que el número de asuntos civiles aumenta cada año por la falta de liquidez y de pago de las deudas por parte de empresas a particulares, y se han multiplicado los procedimientos monitorios, cambiarios, hipotecarios, ordinarios y por reclamación de preferentes y ejecuciones en general», explica González.

Así, puso como ejemplo de esta sobrecarga al Juzgado Número 2, tribunal que tiene asumidas las funciones de Registro Civil y que le corresponde un 20% más de asuntos civiles en el reparto, por tener asignadas el número 1 las funciones de Violencia de Género (un total de 157 procedimientos en 2015).

Más denuncias

Según los datos registrados en Minerva, durante el pasado año el Juzgado de Instrucción número 2 inició 1.413 asuntos civiles y 2.501 penales. «En el orden penal hay que destacar el fuerte incremento de denuncias sobre violencia doméstica y de género durante el servicio de guardia, así como de las correspondientes órdenes de protección y de alejamiento». También han aumentado los procedimientos de ámbito penal en los que están involucrados ciudadanos de distintas nacionalidades, con dificultades para «localizarles en un domicilio o para ejecutar las penas o multas correspondientes, habiendo crecido también, a mayores, el número de detenidos por distintos delitos (hurtos, robos y contra el patrimonio), así como las faltas». Ante todo este volumen de trabajo, los abogados y el funcionariado consiguieron que la Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia nombrara un funcionario de refuerzo que tomó posesión en mayo de 2014 y que «se ha ido justificando y prorrogando su nombramiento hasta abril de 2016», explican González y Pena. En mayo de 2015, la Comisión Permanente del CGPJ solicitó el nombramiento de un segundo funcionario del cuerpo de tramitación procesal como medida de refuerzo «que no ha sido llevada a cabo por razones presupuestarias».