Las mujeres, motor del cambio judicial

Ver a una mujer investida con la toga hoy no sorprende a nadie, pero hace tan solo treinta años era tan impensable en España, tanto, como ahora mismo lo sería una sacerdotisa oficiando con los atributos de la iglesia católica. Hace treinta años una mujer, Margarita Robles, tuvo la «ocurrencia» de prepararse una oposiciones a la judicatura, todo un exceso rayano en la frivolidad en los estertores de un régimen dictatorial en el que la mujer era, a todos los efectos, una menor de edad que tenía que estar bajo la tutela del hombre. Ella tuvo la «ocurrencia», y fue la número uno de su promoción y la primera en presidir un tribunal. «Entonces supuso una conmoción», recuerda, «pero ahora tenemos que volver a recuperar el impulso de hace treinta años porque todavía queda mucho por hacer», asevera la magistrada.

Hoy, el 62,5% de los más de 5.000 jueces que ejercen en España son mujeres, y también son más que los hombres en todos los campos de la Administración de Justicia. Pero la mayoría se quedan en las primeras instancias y, a pesar de sus reconocidas capacidades y méritos en el desempeño de su trabajo, no acaban de dan el salto a los altos puestos de responsabilidad orgánica. Muchas veces porque quienes proponen y eligen «miran con lupa» a las aspirantes a la hora de tomar la decisión pero, también casi siempre, porque ellas mismas se autoexcluyen de los altos cargos cuando ponen en la balanza trabajo y familia. La presión social, el miedo a ser tachadas de «malas madres» si no le dedican más tiempo a los hijos que a poner sentencias pesa todavía demasiado, treinta años después. Más que en el ámbito de la política o de la empresa aunque también, hay techo de cristal para las togadas.

En la quinta mesa del III Ciclo de Justicia que se celebró ayer en el Colegio de Abogados con el patrocinio de Registradores de Castilla y León, lo reconocieron así tanto la magistrada Margarita Robles, una de las 11 mujeres del Tribunal Supremo de España, como la letrada de Manos Limpias, Virginia López- Negrete, quien denotó que también cuecen habas muy parecidas en el ámbito de la abogacía: si el 65% de los licenciados en Ciencias Sociales y Jurídicas son mujeres, y el 52% llegan a colegiarse, solo hay 10 decanas de Colegios de Abogados en España. Pero es que, en los grandes bufetes, solo el 13% de los socios son socias. El diagnóstico expuesto es meridiano pero, indicó la moderadora y jefa de la sección de Castilla y León del diario, Sonia Andrino, ¿cómo darle la vuelta a esta situación para igualar los marcadores? ¿Es necesario que se implante una especie de discriminación positiva, a la manera de las listas paritarias en los partidos políticos, para acercarse a la igualdad en los altos cargos judiciales?, preguntaron a su vez desde el público. «Sería bueno que hubiera mayor sensibilidad a la hora de los nombramientos, tanto para el Supremo y las Audiencias como para el Tribunal Constitucional, donde solo hay dos mujeres y diez hombres», señaló Robles. «¿Que por qué nos eligen menos? Yo creo que nos eligen menos porque, generalmente, somos más políticamente incorrectas y temen que nos salgamos del guión». Y también, como no, son víctimas de acoso y sufren presiones, como apostilló Virginia López-Negrete.

No obstante, la magistrada expresó su confianza en que, de aquí a no mucho tiempo, al igual que ha ocurrido en la Fiscalía General del Estado, en la que, desde hace unos pocos meses, hay una mujer al frente, Consuelo Madrigal, «pueda ver a una presidenta en el Tribunal Supremo, al igual que en el ámbito político hay una vicepresidenta del Gobierno a quien, por cierto, se le cuestionó por incorporarse de inmediato al cargo después de tener un hijo, polémica que de ser un hombre ni se hubiera planteado», subrayó.

Pero en el homenaje de El Norte a las mujeres de la Administración de Justicia no quisieron las protagonistas pasar por alto el contexto en el que se desenvuelve su trabajo. Un contexto, coincidieron ambas, que es manifiestamente mejorable, en especial en lo que se refiere a la independencia judicial, subrayaron, y porque «esta ha sido una legislatura perdida para la Justicia», en referencia a la herencia recibida del anterior ministro, Alberto Ruiz-Gallardón. Como ejemplos, Robles mencionó la Ley de Tasas, «afortunadamente derogada», y Virginia López-Negrete aludió al actual anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento criminal, «que quiere dar la puntilla a la acusación popular y reducir los plazos de los procesos, lo que supone un riesgo, porque si se deja en manos del fiscal la prórroga, muchas alfombras van a quedar sin levantarse. Los jueces lo van a tener muy difícil para poder investigar a la gran delincuencia económica y de corrupción», vaticinó la letrada de Manos Limpias.

Independencia

Margarita Robles, que en el caso de Banca Catalana, hace veinte años, emitió voto particular para que se procesara a Jordi Pujol, echó mano a su bagaje de «jurista comprometida» para reivindicar «un Poder Judicial independiente de verdad, que controle al Ejecutivo, porque los de mi promoción vemos con preocupación que la opinión pública tiene muchos recelos sobre el sistema, algo que también se aprecia en encuestas de organismos internacionales: hay una gran desconfianza en el Poder Judicial porque se mezcla todo. La opinión pública cree en los actores, pero no en el sistema, por la manera en que se produce la elección en el Tribunal Constitucional o en el CGPJ». La independencia judicial. Y voluntad política de dar más medios a la Justicia. «Ese, y no cambiar el término de imputado por el de investigado, tiene que ser el auténtico debate», apostilló.