Gallardón ampliará la plantilla de jueces de la comunidad antes de final de año

El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia ultiman el refuerzo de la plantilla judicial de Castilla y León con, al menos, siete plazas de magistrados de nueva creación en tribunales, más la incorporación de varios jueces de adscripción territorial que suplirán vacantes y bajas, y también servirán de apoyo en juzgados con causas especiales o con especial volumen de trabajo. Según adelantó el vocal territorial del Consejo adscrito a Castilla y León, el magistrado Gerardo Martínez Tristán, es «un plan muy ambicioso de creación de plazas judiciales en toda España y también en Castilla y León, para completar las plantillas de las audiencias provinciales y un equipo de jueces de adscripción territorial para cubrir las incidencias». El objetivo es que puedan incorporarse antes de final de año.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción que considera esta ampliación de plantilla «una buena noticia para Castilla y León» concretó que Valladolid tendrá dos plazas de magistrado de nueva creación, mientras que Burgos, León, Salamanca, Segovia y Ávila serán las otras audiencias provinciales que verán ampliados sus equipos, con una plaza de magistrado más en cada uno de estos tribunales. Con la incorporación de los jueces de adscripción territorial, el magistrado segoviano asegura que la Administración de Justicia en la comunidad «se pone al día en cuanto a personal, pues con las plazas sobrantes se podrán reforzar órganos que tienen una elevada carga de trabajo».

Esta mejora de medios es una de las novedades que traerá este curso judicial a Castilla y León, que ayer abrió formalmente en la sede del Tribunal Supremo el Rey Felipe VI, en un acto al que asistieron cerca de 500 invitados. Además del monarca, se estrenó en la ceremonia, como presidente del TS y del CGPJ Carlos Lesmes que en su discurso, además de alinearse con la Corona en la defensa de la unidad de España, expresó el compromiso de los jueces por agilizar la tramitación y resolución de las causas por delitos de corrupción porque, subrayó, la dilatación en el tiempo de estos procedimientos, «genera desaliento en la sociedad». Insistió en que el Poder Judicial y sus órganos «se implicarán activamente» en la lucha contra la corrupción, que calificó de «lacra social» que «está minando la credibilidad de las instituciones» y «socava la democracia».

Justicia europea

La segunda parte de su intervención la dedicó el magistrado a destacar la imbricación de los jueces españoles en el sistema de derecho europeo y «sus soluciones innovadoras», que han llegado a configurar lo que denominó «derechos nuevos» o de «última generación». Puso como ejemplo las cuestiones prejudiciales planteadas en el Tribunal Europeo relacionadas con las cláusulas hipotecarias y el denominado derecho al olvido en Internet, es decir, el reconocimiento a la protección de la privacidad frente a los buscadores en Internet.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el único otro alto cargo judicial que tomó la palabra para presentar la Memoria Fiscal de 2013, criticó la paralización de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que urge, argumentó, para que «los atestados policiales sean remitidos a juzgados y fiscalías solo cuando haya podido determinarse la autora del delito» y así pueda reducirse la burocracia judicial. También llamó la atención los tiempos de respuesta procesal que, aunque similares a los del resto de países europeos, considera inaceptables. Desde que se abre un procedimiento abreviado hasta que se evalúa la calificación del fiscal transcurren, de media, 393 días; 722 días en el sumario y 538 días casos de jurado.