Las claves de la Ley que refuerza la Red de Protección a las Personas y Familias

Las Cortes de Castilla y León han aprobado hoy la ley por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las Personas y Familias afectadas por la crisis.

Su origen se halla en un decreto-ley aprobado por el Gobierno regional el pasado mes de abril y que recibió el voto favorable de todos los grupos parlamentarios. Se basa en el compromiso de la Junta de seguir fortaleciendo y consolidando esta Red y las prestaciones económicas que la integran, entre las que figura la Renta Garantizada de Ciudadanía.

De esta forma, se consolidan normativamente medidas de protección social a las personas y familias que en su día se adoptaron de forma excepcional ante la crisis y ahora se refuerzan y se les da estabilidad para que perduren en el tiempo al margen de circunstancias económicas concretas.

Las medidas adoptadas se agrupan en tres conjuntos: medidas de compatibilidad entre prestaciones, de flexibilización para el acceso a estas y de mejora del procedimiento de concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Medidas de compatibilidad entre prestaciones

Se amplían los supuestos de compatibilidad de las prestaciones y las ayudas de la Red de Protección, hasta determinado límite y con determinadas prestaciones públicas. Es decir, por ejemplo, una persona que reciba la prestación por desempleo puede completarla con otra de la red, hasta alcanzar el límite establecido

Igualmente, se establece la compatibilidad de las prestaciones de esta Red con otras con las que eran incompatibles hasta ahora como la percepción de prestaciones por la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad y por riesgo durante el embarazo; las prestaciones por incapacidad temporal durante el desarrollo del trabajo y la prestación por hijo a cargo en los casos en los que el sujeto causante sea el hijo.

Flexibilización del acceso a las prestaciones

La nueva ley modifica las reglas para el cómputo de ingresos, bienes muebles e inmuebles con el fin de garantizar que se cubran las necesidades básicas de los autónomos y personas que, aunque tengan rendimientos del trabajo o propiedades de ciertos bienes inmuebles, no tengan cubiertas sus necesidades por imposibilidad de hacer efectivo el valor.

Para los autónomos, en los casos en los que se tengan en cuenta los rendimientos del trabajo por cuenta propia para el reconocimientos de las prestaciones y estos fueran inferiores al 50% del importe de la base de cotización a la Seguridad Social, se computará como ingreso una cantidad igual a dicho importe.

Además se exceptuarán del cómputo de los bienes rústicos los ubicados en localidades que cuenten con menos de 5.000 habitantes y, en el caso de los bienes inmuebles urbanos, cuando su valor catastral sea inferior a 12.000 euros, se computará solo el 50% de ese valor.

Por último, en los casos de copropiedad de un bien inmueble heredado, cuya titularidad sea compartida con personas ajenas a su unidad familiar, se excluirá del cómputo cuando el valor catastral de su parte sea inferior a dos anualidades del 80% del IPREM (el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Mejora del procedimiento de concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía

A partir de la aprobación de esta ley cuando se estime el derecho a percibir la Renta Garantizada de Ciudadanía, esta producirá efectos económicos al mes de ser presentada la solicitud, no tres meses después, como ocurría hasta ahora.

Cuando se suspenda la prestación por alguna causa el periodo de suspensión se verá reducido a un mes. Además, se fomentará la inserción laboral de los beneficiarios de estas prestaciones puesto que se facilita la reanudación automática de la percepción una vez que termine la actividad laboral del beneficiario, cuando la tuviese suspendida por obtener ingreso de esa actividad.

• Temas
• Cortes de Castilla y León
• Junta de Castilla y León