La revolución pendiente en Castilla y León ya está en marcha

La revolución ha comenzado. La territorial, claro. En época de crisis, cuando los clásicos recomiendan no hacer mudanza, Juan Vicente Herrera y su mano derecha e izquierda en el Gobierno regional, el consejero de la Presidencia José Antonio de Santiago-Juárez, pusieron ayer en marcha un proceso de modernización y cambio que en tres años habrá provocado un giro absoluto a la concepción actual del mapa de reparto de servicios autonómicos en Castilla y León. Adiós a al canon clásico del movimiento político (en época de tribulación, no hacer mudanza). Comienza el cambio. Precisamente, de la mano de la tribulación (crisis económica). La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar un proceso de eficiencia en la prestación de los servicios públicos autonómicos, entre los que están los tres esenciales: sanidad, educación y servicios sociales. No se puede gestionar con la mentalidad de hace 30 años. Desde 1983 se han creado multitud de mapas de distribución de servicios que hoy necesitan de una modernización y actualización para racionalizarlos, reducir sus costes, prestarlos con mayor eficacia y evitar gastos innecesarios. Todo para garantizar que llegan a todos los ciudadanos con similar calidad. Arranca la revolución pendiente, la territorial.

Obligatorio punto de partida

Para que el lector alcance a ver la dimensión del proceso que puso ayer en marcha la Junta de Castilla y León, con la aprobación del proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, es necesario que ponga el cuentakilómetros mental a cero. Esta es la premisa de partida: desde que en 1983 comenzó el traspaso de competencias a Castilla y León, cada una que llegaba se aplicaba en el territorio de una manera. La sanidad, con las zonas de salud; los servicios de salud animal, con las unidades veterinarias; la enseñanza, con los centros educativos por niveles; los servicios sociales, con otro mapa;... Y así sucesivamente, hasta tener tantos mapas como competencias.

Esa es la premisa de partida del proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio: ordenar esos mapas. ¿Así de fácil? No, así de complicado. Porque lo que se quiere es que los habitantes de los 2.248 municipios de Castilla y León (el 27% de los municipios de España) y de sus 2.226 entidades locales menores (dos de cada tres de las que hay en España), en 95.000 kilómetros cuadrados, reciban de la Junta los mismos servicios, con la misma calidad y al coste más óptimo de los posibles.

De aquí a tres años desaparecerán las zonas básicas de salud tal y como están en la actualidad. Y desaparacerán las zonas educativas que conocemos. Y se acabará con el reparto de los servicios sociales tal y como se aplica en la actualidad. Y con las zonas agrarias. Y así con todo. ¿Qué se pretende que haya más o menos en 2016? Pues una distribución racional de los servicios autonómicos que para ser efectiva necesita de dos nuevos instrumentos: las Unidades básicas de ordenación y servicios del territorio y las áreas funcionales.

Las unidades básicas

La célula del territorio será a partir de ahora la unidad básica. ¿Qué será una unidad básica? El conjunto de localidades a las que se ofrecerá desde la Junta los mismos servicios. Imagine el lector que se hubiera decidido hacer todo sobre la base de las zonas de salud; pues bien, cada una de estas sería una unidad básica. No va a ser así, pero se entiende mejor con este ejemplo.

El nuevo modelo contempla dos tipos de unidades básicas: las urbanas y las rurales. Empezando por lo fácil, hay 15 ciudades de más de 20.000 habitantes: las nueve capitales, Ponferrada, Miranda, Aranda, Laguna, Medina del Campo y Benavente. Estas 15 serán unidades básicas urbanas de ordenación y servicios de la Junta.

Y habrá decenas de unidades básicas de ordenación y servicios rurales. ¿Cómo se crearán? De dos formas: O juntando pueblos que sumen más de 5.000 habitantes y menos de 30.000; o bien, uniendo al menos 5 municipios.

Constituidas las unidades básicas urbanas y las rurales, la Junta irá volcando en ellas sus servicios, de forma homogénea, los mismos servicios para todos los habitantes: médicos, veterinarios, farmacéuticos, oficinas agrarias, maestros, colegios, etc... Los mismos servicios a todos los ciudadanos, al margen de donde residan en la comunidad.

Áreas funcionales

Para las localidades que se agrupan en torno a las 15 grandes ciudades o para casos especiales (catástrofe natural, deslocalización de empresas,...), la ley aprobada ayer contempla otro instrumento de agrupación en el territorio: las áreas funcionales. Las primeras se llamarán estables; las segundas, estratégicas.

Las áreas funcionales estables serán la gran localidad y lo que ahora se llaman sus alfoces: cada una de las 15 ciudades de más de 20.000 habitantes y sus municipios en un entorno de 15 kilómetros, con los que mantienen diariamente relaciones estables y permanentes.

Las áreas funcionales estratégicas se crearán cuando haya unas condiciones excepcionales, por ejemplo, gran cantidad de pueblos afectados por inundaciones, por incendios forestales -lo que en la legislación estatal se conoce como zona catastrófica-, o por la marcha de una gran empresa. Situaciones que obliguen a la Junta a poner en marcha unos planes especiales de inversión que no son necesarios en otras.

Ojo, en un área funcional, sea estable o estratégica, habrá varias unidades básicas rurales, lógicamente.