Los ecologistas denuncian la falta de transparencia ante la posible reapertura de Garoña hasta 2031

Ecologistas en Acción y Greenpeace solicitaron al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una reunión extraordinaria de su Comité Asesor, del que ambas organizaciones forman parte, alertados por la falta de transparencia en el proceso de ampliación de la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

Las organizaciones ecologistas subrayaron que el CSN debe atender su solicitud en virtud del Convenio de Aarhus y la Directiva europea de seguridad nuclear, que establecen el derecho a la información y participación de la ciudadanía en procesos como el de Garoña. El propio artículo 45 del Estatuto del CSN permite al mencionado Comité Asesor recabar la información que considere necesaria para mejorar la transparencia del organismo nuclear e incentivar el acceso a la información y la participación ciudadana.

Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción.

La solicitud de Endesa e Iberdrola para ampliar la vida útil de Garoña hasta el 2 de marzo de 2031 significaría conceder a la nuclear 20 años más de vida útil a una central diseñada para una explotación comercial de 40 años, cumplida en 2011. Las organizaciones ecologistas recuerdan que la decisión de reapertura implicaría una extensión de las actividades que puede tener graves efectos sobre el medio ambiente. Por ello, Greenpeace y Ecologistas en Acción ya han solicitado al Ministerio de Industria y al Ministerio de Medio Ambiente la información relativa al trámite de información pública, así como un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la posible prolongación del ciclo de vida de Garoña.

El Estudio de Impacto Ambiental debe tener en cuenta el contexto transfronterizo de acuerdo con el Convenio de Espoo, ya que la decisión significaría un cambio sustancial en el proyecto inicial de la nuclear, con efectos potencialmente graves sobre el medio ambiente también fuera de las fronteras españolas. A esto se suma la circunstancia de que los miembros de este Convenio acordaron en junio que todas las centrales nucleares envejecidas en Europa deberán ser sometidas a una evaluación de impacto ambientalantes de una renovación de la licencia o una revisión periódica de la seguridad.

Garoña no podrá demostrar que es una alternativa , concluyó Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace.