El PP de Arenas denuncia a la interventora por infidelidad en custodia de documentos

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, del PP, ha denunciado a la interventora del Consistorio, Isabel María Pardo Ballester, acusándola de infidelidad en custodia de documentos y revelación de secreto. Esto se produce después de que la funcionaria presentara una escrito ante la Junta de Castilla y León en el que aseguraba sufrir «presiones» en el ejercicio de sus funciones.

El PP acusa a la interventora de descargar «documentación relevante» cuando estaba de permiso por asuntos propios del 27 al 30 de noviembre de 2015- y fuera de dependencias municipales. Según la denuncia presentada por el PP, esos papeles «contienen datos confidenciales y personales» que no tienen que salir del Consistorio.

El alcalde de Arenas de San Pedro, Juan Carlos Sánchez Mesón, informó de estos hechos en la Junta de Gobierno local, a los representantes del PSOE, Óscar Tapias, y de la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), Caridad Galán. El regidor ha preferido no hacer declaraciones sobre el tema «por las fechas en las que estamos». La denuncia se ha admitido a trámite y la interventora tendrá que prestar declaración el 3 de febrero de 2016, en el juzgado de primera instancia de Arenas de San Pedro.

«Presiones»

Aunque los roces entre las dos partes se remontan meses atrás, el problema estalló el 25 de noviembre, cuando, según cuenta Isabel Pardo, el equipo de Gobierno le comunicó la apertura de expediente disciplinario y la suspensión provisional como medida cautelar. La interventora denuncia, en un escrito que ha hecho llegar a los concejales de la corporación, que en ningún momento se le informó de los motivos ni se le permitió ver el expediente.

El 2 de diciembre presentó una escrito ante la Junta de Castilla y León en el que aseguraba sufrir «presiones» en el ejercicio de sus funciones. Al día siguiente, se le notificó desde Alcaldía que se desactivaba sus claves para acceder a la plataforma de gestión del Consistorio, una «medida totalmente injusta, arbitraria y no ajustada a derecho, no respetando las normas esenciales de los procedimientos y contraviniendo la legislación vigente», critica la interventora en el escrito.

«Se me oculta información y se me ponen todo tipo de impedimentos para realizar mi función interventora, por lo que me encuentro, por una parte, en una situación personal de indefensión absoluta y, mucho mas importante, las consecuencias de esta situación las esta sufriendo el Ayuntamiento», concluye Pardo Ballester su escrito.