El tijeretazo fotovoltaico pone en peligro el patrimonio de 4.000 familias de Castilla y León

Hace algo más de un lustro, cuatro mil familias de la región, junto con otros dos mil inversores unos 55.000 en toda España apostaron por los paneles que generan energía fotovoltaica como un modo de invertir sus ahorros, o lograr unos ingresos extra (créditos mediante). Muchos de ellos lo hicieron animados por el Gobierno, que en 2006 lanzó una campaña publicitaria bajo el lema 'El sol puede ser tuyo', en la que aconsejaba a los ciudadanos que huyeran de la especulación inmobiliaria y bursátil y optarán por una inversión responsable, comprometida con el medio ambiente, rentable y segura. El propio Ministerio de Industria recomendaba que se asumieran financiaciones de hasta el 80% del coste de las instalaciones.

En la actualidad, los sucesivos impuestos y recortes aplicados en las primas a las energías renovables asfixian a la práctica totalidad de quienes apostaron por la inversión fotovoltaica, que están ingresando en torno al 40% menos de lo previsto / prometido, mientras las cuotas de los créditos bancarios siguen llamando a su puerta inalteradas.

«La inmensa mayoría de las cuatro mil familias de Castilla y León que invirtieron en instalaciones fotovoltaicas lo hicieron con el Real Decreto 661/2007, hoy derogado», explica Alberto Nieto, delegado regional de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que sitúa Valladolid, con 1.200, como la provincia con más afectados en la comunidad. Aquella norma aseguraba una prima de casi 45 céntimos por kilovatio hora (Kw/h) durante los primeros 25 años a los huertos solares de menos de 100 Kw/h; y algo más de 41 céntimos al siguiente tramo de instalaciones, las de potencia superior a 100 Kw/h.

Amenazas de embargo

«A día de hoy continúa, los productores estamos soportando una merma de hasta el 37% sobre los ingresos previstos, según cuál sea la situación de las instalaciones, y, lo que es casi peor, mes tras mes no sabemos ni siquiera cuánto vamos a cobrar, ya que desconocemos el marco regulatorio bajo el que quedaremos con la reforma del sistema eléctrico pendiente». Nieto señala que todos los afectados financiaron al menos una parte de la inversión, cuando no una gran parte, y están sufriendo pérdidas en la actualidad.

Según fuentes del sector, la instalación de paneles más frecuente, programada para la generación de 100 Kw/h, requería una inversión superior a los 300.000 euros, cantidad a partir de la cual se solicitaban los préstamos bancarios.

«En el mes de enero, el Ministerio de Industria solo nos reconoció el 25% de la producción; en febrero, el 44% y en marzo, todavía no sabemos cuánto», detalla Nieto, que aclara que ese reconocimiento supone que «la prima está aprobada y retenida, pero no abonada». «Las familias no pueden hacer frente a los créditos contraídos y los bancos están pidiendo nuevas garantías que no podemos dar», añade.

«Peor que las preferentes»

Con las entidades financieras llamando a la puerta, un factor juega a favor de los deudores, aunque no es suficiente para librarles de la espada de Damocles. «Como no les interesa que los préstamos entren en mora para no tener que hacer provisiones, por el momento están concediendo carencias señala el portavoz de Anpier. Pero estamos hablando, en la mayoría de los casos, de familias del ámbito rural y los créditos no se han hecho con las instalaciones como garantía, sino que están hipotecadas primeras viviendas, locales y negocios».

Desde la asociación señalan que el inversor tipo es una familia que contrajo en 2008 un préstamo a diez años y ahora sufre un recorte retroactivo sobre unos derechos reconocidos. «Esto es peor que el escándalo de las participaciones preferentes sostiene Alberto Nieto, que al fin y al cabo y aun tratándose de un engaño, contaban con un contrato por escrito. A nosotros, que también teníamos un contrato con el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), nos han reescrito el contrato que suscribimos».

El representante en Castilla y León de la asociación de productores recuerda, asimismo, que el recorte retroactivo aplicado a las primas se suma al impuesto a la generación eléctrica del 7% que soportan todas las fuentes de energía desde 2012, lo que no hace sino aumentar el nivel de asfixia financiera que sufren los productores fotovoltaicos. «Lo mismo para las centrales nucleares que para las instalaciones fotovoltaicas e independientemente de si hay beneficios, o pérdidas», lamenta, para a continuación advertir de que «se justificaba como un gravamen destinado a acabar con el déficit tarifario, pero no está utilizándose para tal fin, sino que va directamente a las arcas de Hacienda». «Al igual que ha acabado sucediendo con el céntimo sanitario, la justicia terminará por tumbarlo», confía Nieto.

Para Anpier, «el acoso que sufren estas familias las instalaciones de las cuatro mil castellanas y leonesas tienen una potencia instalada de 378 Mw, solo se comprende si analizamos las motivaciones últimas y los intereses que presiden el nuevo escenario energético que nos quieren imponer: favorecer las tecnologías fósiles y la generación nuclear; todas ellas peligrosas, contaminantes y controladas por un reducido grupo de empresas».

Autoconsumo, tampoco

No es solo que el año pasado no se conectase a la red ni un solo Mw adicional, más allá de los que estaban ya en proceso de instalación advierten los productores, sino que la «incertidumbre premeditada» que favorece el Gobierno, desincentiva el despliegue de paneles solares para autoconsumo.

«Buscan expulsar del sistema energético a las fuentes renovables, percibidas por las grandes eléctricas como una competencia que les priva de ingresos; y todo a pesar de que las renovables en general y la fotovoltaica en particular democratizan el acceso a la energía y de que sus bondades medioambientales, geopolíticas y económicas son más que evidentes», añaden.

Los pequeños inversores confían en que la corte de arbitraje internacional, el Tribunal Constitucional o Bruselas les den la razón

Inseguridad jurídica, expropiación, modificaciones retroactivas ilegales, incumplimiento de directivas europeas sobre energías renovables... Los pequeños productores de energía fotovoltaica confían en que no todo esté perdido y que ellos preferirían que más temprano que tarde las instancias arbitrales, judiciales y administrativas que tienen el asunto sobre la mesa acaben por darles la razón.

Y es que no son solo familias las que tienen intereses en el sector. Grandes empresas como Abengoa, con intereses en todas las renovables, y fondos de inversión extranjeros han presentado demandas de arbitraje contra la reforma planteada por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Tres grandes fondos vinculados a Deutsche Bank y BNP, así como el británico Eiser Infraestructure han solicitado la intervención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

La compañía estatal de los Emiratos Árabes Masdar también ha presentado una demanda contra España en el Banco Mundial y ha solicitado un arbitraje por el recorte en las primas a la energía termosolar. La Comisión Europea también puede abrir un procedimiento de oficio, o a instancias de cualquier asociación, empresa o particular que considere que la legislación de un Estado vulnera una directiva comunitaria. Anpier cree que «de Europa vendrán buenas noticias», aunque no por ello descarta la vía de plantear cuestiones prejudiciales en la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Los ejecutivos autónomos de Murcia y Navarra, por otro lado, han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de Soria.