Cataluña lanza otro órdago a Rajoy e irá al juzgado si no recibe más fondos del Archivo

Las tozudas pretensiones del nacionalismo catalán por apoderarse de los documentos que permanecen en el Archivo de Salamanca adquirieron ayer un tono más desafiante, cuando 43 ayuntamientos de Cataluña amenazaron con demandar al Gobierno español en los tribunales si antes del verano no procede al envío de los 'papeles de Salamanca' que les corresponden a aquella región.

Los 43 ayuntamientos han decidido canalizar su estrategia reivindicativa a través de la Comissió de la Dignitat, cuyos portavoces Toni Strubell y Pep Cruanyes plantearon, en una rueda de prensa expresamente convocada para la ocasión con el asunto del Archivo de Salamanca como cuestión monográfica, la próxima tramitación de un recurso contencioso-administrativo si, finalmente, el Gobierno de Mariano Rajoy desoye su petición.

Entre los ayuntamientos que codician los documentos que se conservan en el Palacio de San Ambrosio figuran tanto Barcelona como Tarragona, así como Reus, Valls, Igualada, L' Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Vic, Villafranca del Penedés, Vilanova y la Geltrú, Sant Cugat del Vallés, Portbou, Molins de Rei, Figueres y Cornellá de Llobregat, algunos de los cuales reclaman libros de actas de la Guerra Civil, según informó Efe.

Strubell y Cruanyes rememoraron que todos estos consistorios han venido aprobando, desde 2010 y hasta la actualidad, resoluciones municipales, que fueron remitidas al Ministerio de Cultura planteando la devolución de la documentación relacionada con ellos que se encuentra guardada en el Archivo salmantino. Ante las negativas del Ejecutivo central, están estudiando ya la instancia donde presentarán el recurso, bien la Audiencia o bien el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. «La próxima vez que nieguen la devolución emprendemos acciones legales», coincidieron en subrayar tanto Strubell y Cruanyes, que cuantificaron la cantidad pendiente de restitución en una tercera parte del total, según informó la agencia Europa Press.

El expolio de toda esta documentación, tal como recalcó la Comissió de la Dignitat, tuvo lugar entre febrero y junio de 1939 en plena vigencia de la legislación catalana, y antes de ser derogada ésta en septiembre del mismo año. «Se hizo en contra de las leyes vigentes en ese momento», arguyeron.

Elecciones europeas

Además, la citada comisión arremetió duramente contra los argumentos esgrimidos en este espinoso asunto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, cuando consideró que el retorno de los 'papeles de Salamanca' a Cataluña «perjudicaría al Gobierno español ante la proximidad de las elecciones europeas». Para Toni Strubell, son «gravísimas las razones que ha dado el Ministerio de Cultura y creemos que el establecimiento de una democracia en Europa intenta superar precisamente los errores el pasado».

En su batería de consideraciones, la Comissió de la Dignitat también reveló que el primer informe del argentino Pablo de Greiff, relator de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, reparación y las garantías de no repetición de los procesos transicionales, «recoge tras su visita a España el deber del Estado de restituir los archivos y los bienes requisados por el franquismo». Un derecho, que según las matizaciones de Cruanyes, «no prescribe, ya que debe inscribirse dentro de los crímenes contra la humanidad del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos».

Respecto al recurso que presentó la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, liderada por el investigador Policarpo Sánchez, contra la Generalitat, demanda que ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de aquella región, los portavoces de la Comissió de la Dignitat emplearon duros calificativos y tildaron de «inadmisible» que la asociación salmantina haya planteado que el Ejecutivo catalán se haya apropiado de documentación no catalana. En este sentido, especificaron que algunos legajos no se pudieron entregar por haber fallecido los familiares de los legítimos propietarios, pero que, en cualquier caso, dicha documentación pertenece al patrimonio catalán.

Además, apostillaron que ha sido el Estado español «el que ha alargado el proceso, mirando con lupa todos los documentos, y es el Estado el responsable de la entrega». También es falso, espetó Cruanyes, la afirmación de que la Generalitat tampoco se ha caracterizado por sus esfuerzos para devolver a los particulares y a las entidades, sindicatos y partidos su documentación incautada. «Si no se ha podido completar el proceso es porque el Ministerio de Cultura no ha concluido el retorno», postularon tajantemente.

Las reacciones en los círculos salmantinos a las pretensiones de los 43 ayuntamientos catalanes no se hicieron esperar. El portavoz municipal del PSOE, Enrique Cabero, manifestó que el anuncio de estos consistorios «no tiene ningún sentido» y enfatizó que, cada vez que resurge la polémica del Archivo de Salamanca, «lo que debe hacerse siempre es cumplir la ley» y no plantear peticiones que no contempla la legislación vigente.

Por el momento, no está previsto que el Ayuntamiento de Salamanca tenga intención de abordar este delicado asunto en forma de acuerdo plenario o declaración institucional.

Explosivas declaraciones

La reclamación en masa con la que irrumpieron ayer estos 43 ayuntamientos catalanes se produce casi tres meses después de que fuera el propio consejeller de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Ferrán Mascarell, quien tensara aún más la cuerda en el particular terremotopolítico originado en torno al Archivo salmantino de la Guerra Civil.

Mascarell dejó claro el pasado 18 de febrero que la Generalitat de Cataluña aspiraba a llevarse «en las próximas semanas» nuevos documentos del Archivo de Salamanca. Mascarrell subrayó que el Gobierno autonómico no devolverá ninguno de los legajos que se ha venido apropiando de los fondos salmantinos desde el año 2006 y sorprendió con unas explosivas declaraciones, en las que aseveró que «tenemos el debate aparentemente cerrado y me dice el Ministerio (de Cultura) que está de acuerdo en el último envío de papeles que según ellos tienen que volver», aunque el titular de la Consejería se quejó entonces de que se han tardado nueve años en finalizar y culminar el proceso.

Casi al mismo tiempo, concretamente el 20 de febrero, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, firmó la orden por la que se nombraban los diez vocales del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica. Estos diez vocales eran exactamente los mismos que fueron designados por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Los técnicos habían cesado formalmente de sus puestos en noviembre de 2013, momento en el que se agotó el periodo de su anterior nombramiento (noviembre de 2010), pero tras unos meses de vacío legal, el Ministerio que dirige Wert se decantó por el continuismo, manteniendo en el Patronato a las mismas personas.