Stop Deshaucios logra la prórroga de un alquiler social tras ocupar una sucursal

Una quincena de personas de la plataforma Stop deshaucios Salamanca entraron ayer en la oficina de Caja Duero de la avenida de Comuneros a las 11:15 horas. Lo hicieron con el apoyo de otra decena de compañeros que se manifestaron en la puerta.

La razón que les llevó a ocupar la sucursal número 136 de lo que antiguamente se conocía como la Caja de Ahorros era la de evitar que Montse, Juanjo y su hija de cinco años puedan quedarse en la calle. Esta familia, es una de las tantas que se han visto afectadas por la crisis, pero en su grado de mayor dureza, porque llevan mucho tiempo sin trabajo, tanto, que se les ha agotado la prestación por desempleo, con lo que los recursos con los que disponen para sobrevivir son pocos.

Cuando esta familia era propietaria del piso donde reside, estuvieron varios meses sin pagar la hipoteca, porque el poco dinero que entra en su hogar, lo necesitan para comer. Por esto llegaron a un acuerdo con el banco para que se quedara con la vivienda a cambio de la deuda pendiente, es decir, una dación en pago.

La delicada situación de esta familia que reside en Santa Marta les haría imposible pagar un alquiler al uso. Es por ello que, en su día, solicitaron que se les pidiera una cuota social, es decir, que se les cobrara un alquiler que fuera asumible para su bolsillo. Las condiciones impuestas para el primer año son lógicas, porque esta familia sin recursos, debe hacer frente al pago de 150 euros más la cuota de la comunidad. Lo ilógico llega con el segundo año de alquiler, cuando el banco les pide hacer frente a la elevada cantidad de 1.000 euros mensuales, más la cuota de la comunidad y dos pagos que normalmente asumen los propietarios de las viviendas, que ya no son ellos, sino el banco, que son el impuesto de bienes inmuebles y un seguro de la vivienda.

Los miembros de la plataforma Stop Deshaucios Salamanca comieron en la oficina ocupada y mantuvieron varias reuniones en las que participaron varios mediadores, la familia afectada y el director de la oficina. El propósito de esta acción era como mínimo mantener el importe del alquiler social del primer año por dos años.

Pasadas las 19 horas de la tarde, llegó la buena noticia de manos del director de la sucursal, que aceptó mantener dicha cuota social de 150 euros mensuales durante el segundo año. Pegando a las 20 horas, la plataforma Stop Deshaucios abandonó la oficina ocupada casi nueve horas después, tras haber logrado su objetivo.

Mes y medio de lucha

Queen Jona, no es una reina, como así se podría traducir su nombre en inglés. Es una mujer nigeriana, la titular de una deuda por un bien que no disfruta. Su vivienda dejo de serlo, cuando decidió condonar su deuda entregando su piso a la entidad financiera que, en su día le concedió la hipoteca, en Banco Santander. La acción reivindicativa tuvo lugar en la oficina situada en la plaza del Liceo.

Este banco se quedó con su vivienda y además le reclama 104.000 euros a parte. Es decir, esta familia que sufre las consecuencias de la crisis, a parte de que se ha quedado sin su vivienda, ahora además tiene una deuda, debe un dinero de un bien que ya no es suyo y con el que ya no pueden cubrir ese derecho a la vivienda que deberían tener todas las personas.

La Plataforma Stop Deshaucios Salamanca lleva mas de mes y medio de lucha para que el banco deje de reclamar a esta familia nigeriana esa deuda inasumible, condonando el importe total de dicha deuda. Esta familia de momento no puede hacer frente a este pago porque no tienen trabajo ni ingresos. Lo poco que van ganando lo tienen que destinar a la comida, para poder sobrevivir.

Según fuentes de Stop Deshaucios Salamanca, el Banco Santander se lava las manos y dice que ni la vivienda ni la deuda es suya, porque ya han vendido este inmueble a un «fondo buitre», es decir, han agrupado las viviendas y las han vendido en lote. En principio parece que están dispuestos a reducir la deuda, pero Stop Deshaucios Salamanca cree que es suficiente con que se hayan quedado con la vivienda y reclaman que no se solicite a la familia los 104.000 euros restantes porque no podrán hacer frente a la misma.