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FERNANDO CABALLERO
Jueves, 24 de abril 2014, 22:12
«No es exactamente un plan de empleo, sino un programa de ayudas a los ayuntamientos para resolver problemas vinculados a sus competencias». Esta puntualización la realizó este jueves el presidente de la Diputación, José María Henández, para definir el contexto en el que se van a contratar a partir del 1 de junio a 156 personas en paro, a los que hay que unir otras cuarenta que además de su situación de desempleo, se encuentren en riesgo de exclusión social.
Todos serán contratados por los ayuntamientos en los que están empadronados por un periodo de seis meses y a media jornada. Cada contrato costará unos 5.000 euros, incluida la aportación a la Seguridad Social. Además de estas casi 200 contrataciones, el programa incluye otros siete técnicos de dinamización rural, que firmarán un acuerdo laboral con la Diputación de un año y a jornada completa.
Este plan de empleo o programa de ayuda a los ayuntamientos, que promueve la Junta de Castilla y León con la colaboración de la administración provincial, se conoció ayer en el transcurso del pleno celebrado en la Diputación a raíz de la inclusión por el procedimiento de urgencia de una propuesta del grupo popular para habilitar 780.000 euros en el presupuesto de 2014 que servirán para adelantar a los ayuntamientos el dinero que posteriormente abonará la Junta.
La urgencia en la aprobación de este acuerdo por el pleno de la Corporación Provincial fue justificada por el portavoz del PP, Mario Granda, para iniciar cuanto antes los trámites con el fin de que los contratados puedan comenzar a trabajar el 1 de junio. Granda explicó que la Diputación ha recibido ya de la Junta de Castilla y León el protocolo de colaboración en el plan de empleo, que propone la contratación de 93 personas en paro que residan en pueblos donde hay más de diez desempleados inscritos hay 83 municipios con esta circunstancia y otros 103 que se encuentran en situación de exclusión social. No obstante, se ha considerado elevada esta segunda cifra, en función de la respuesta del año pasado, por lo que la Diputación ha propuesto que 63 contratos que inicialmente estaban dirigidos a parados en riesgo de exclusión se sumen a los 93 del primer grupo, lo que sumarían 156.
Ademas de los 780.000 que ayer se habilitaron mediante una modificación del presupuesto, la Diputación ya tiene consignados en el presupuesto de este año otros 350.000 euros para complementar el plan de empleo de la Junta de Castilla y León.
La oposición se mostró de acuerdo con esta propuesta del PP, pero con matices, que incluso motivaron la abstención del portavoz de Izquierda Unida, Félix Iglesias, que después de reconocer que las contrataciones que se realicen en la provincia, bienvenidas sean, aseguró que no le termina de convencer el bajo sueldo que tendrán los contratados, lo que favorece la «precarización del empleo». «Con ello entramos en una dinámica bastante peligrosa», añadió.
El portavoz del PSOE, Jesús Guerrero, valoró la rapidez con que ha actuado el equipo de gobierno para facilitar que los contratados empiecen a trabajar el 1 de junio. No obstante, criticó al gobierno regional por la demora en la aprobación de este plan de empleo, «que es muy limitado e insuficiente», y abogó por la aprobación de un plan de empleo provincial por parte de la Diputación independiente de la administración regional, «que esté bien dotado y que se ambicioso». No obstante votó a favor de la propuesta junto con el grupo del PP.
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