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El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez López. L. P.-Ical
La Junta aprueba un Decreto-Ley para aplicar la Reforma Local de Rajoy en Castilla y León
CONSEJO DE GOBIERNO

La Junta aprueba un Decreto-Ley para aplicar la Reforma Local de Rajoy en Castilla y León

La norma unifica criterios y garantiza la continuidad en la prestación de servicios públicos, según el portavoz

S. E.

Jueves, 27 de marzo 2014, 15:38

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado un Decreto-Ley de medidas urgentes para «garantizar la continuidad de prestación de los servicios públicos» afectados por la entrada en vigor de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lo que se conoce como la Reforma Local impulsada por Mariano Rajoy.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez López, ha destacado que clarifica lagunas sobre competencias de diputaciones, ayuntamientos y entidades locales menores, vela por que no aumente el coste de prestación de servicios y evita que los ciudadanos que reciben prestaciones tan sensibles como las educativas, sanitarias o los servicios sociales puedan verse afectados por «disfuncionalides» tras la entrada en vigor, el 1 de enero de la ley estatal.

De Santiago-Juárez avanzó que el Decreto-Ley, que se publicará el lunes, se complementará con una circular informativa que bajará más al detalle en la aplicación de la Reforma Local que verá la luz, también, la próxima semana.

El consejero ha insistido en que la ley estatal fija un «mínimo de competencias» para los entes locales, a las que hay que sumar las que deben ejercer porque así lo han aprobado leyes sectoriales estatales y autonómicas, las competencias delegadas por el Gobierno central y el autonómico y luego un grupo de competencias complementarias (antes llamadas impropias) que los ayuntamientos podrán decidir si quieren ejercer o no. Si optan por lo primero, deben solicitar dos informes a la Junta. Uno para garantizar que no existe duplicidad y otro en el que conste que esa prestación no pone en riesgo las finanzas municipales. Los informes autonómicos serán vinculantes.

«No se vacía de contenidos a los municipios. Ha habido mucho ruido, mucha farfolla y muchas ganas de generar confusión», ha valorado el consejero de la Presidencia.

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