El fiscal pide la responsabilidad civil subsidiaria de la Junta en el accidente de autobús de Tornadizos

El fiscal delegado en Ávila de Seguridad Vial, Óscar Barrios, ha solicitado una prórroga en el plazo para formular calificación, que finalizaba el pasado martes, en relación con el proceso judicial relativo al accidente de autobús que tuvo lugar el pasado 8 de julio, en el término municipal de Tornadizos. El motivo es que tiene intención de solicitar la responsabilidad civil subsidiaria de la Junta de Castilla y León en relación con un suceso que provocó la muerte de nueve personas y heridas en otros 22 pasajeros.Esto supone que para, constituir válidamente esa relación jurídica y respetar todas las garantías legales, es necesario dar traslado de las actuaciones a la Junta de Castilla y León y tomar declaración a su representante legal. De esta forma, hasta que no se practique esta nueva diligencia y transcurra el plazo que el juzgado otorgue a la Administración regional, el fiscal no formulará escrito de conclusiones. Hay que señalar que el abogado del conductor del vehículo siniestrado, R.G.S., de 54 años de edad, no ha formulado recurso contra el Auto de Procedimiento Abreviado.La petición de responsabilidad civil se realiza para asegurar la reparación de los daños que las víctimas sufrieron, señala Óscar Barrios. De tal forma que la empresa Cevesa [que presta el servicio de transporte de viajeros entre Serranillos y Ávila] y la Junta de Castilla y León tendrían que hacer frente a las indemnizaciones, para el caso de que fueran condenadas a ello, y siempre en defecto de la aseguradora y del acusado cuando también fueran condenados continúa el fiscal-. De esta manera, se garantizaría plenamente el derecho de las víctimas a ser resarcidas y a ver reparados todos los daños que sufrieron.Barrios considera que el accidente se produce cuando se está desarrollando un servicio publico que la Junta de Castilla y León presta a los ciudadanos bajo el régimen de la concesión, de ahí deriva responsabilidad civil subsidiaria que se le puede exigir. Para ello, se basa en el artículo 121 del Código Penal, que señala que los entes públicos responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones, siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados.Delitos de homicidio por imprudenciaRespecto al conductor, hay que recordar que el fiscal delegado en Ávila de Seguridad Vial considera de que pudieran existir nueve delitos de homicidio por imprudencia grave cada uno de ellos puede suponer de uno a cuatro años de prisión, además de la prohibición de conducir- y 13 delitos de lesiones por imprudencia grave en estos casos, la pena depende de las lesiones-. La fiscalía descarta la existencia de un fallo mecánico y entiende que existió una pérdida de control del vehículo, pero no entra a valorar si el conductor se durmió o se despistó.El autocar accidentado, de la compañía Cevesa, realizaba la línea regular entre Serranillos y Ávila cuando se salió de la vía por el margen derecho a unos 11 kilómetros de la capital abulenses, tras realizar su última parada en El Barraco. El vehículo, de la marca Iveco, chocó contra un talud, en plena curva, y circuló varios metros rozando el guardarraíl. Quedó tumbado del lado derecho, provocando el terrible saldo de nueve muertos y 22 personas heridas, diez de ellas de gravedad.