Exconsejeros de Caja Segovia declaran que se les «engañó» al hipotecar el Torreón

El juez completó ayer la ronda de declaraciones en el Juzgado número 5 de Segovia, que investiga la comisión de un presunto delito societario en la aprobación de la hipoteca que pesa sobre el Torreón de Lozoya y otros ocho o nueve inmuebles de la extinta Caja Segovia. La investigación se centra ahora en comprobar si una parte del consejo que adoptó la medida en 2012, concretamente la integrada por el exvicepresidente de la entidad Manuel Agudíez y las personas de su confianza, era consciente de que Caja Segovia no tenía necesidad de asumir la deuda tributaria tal y como sostenía un informe jurídico emitido antes del consejo del 26 de marzo, que es donde y cuando se acordó asumir la deuda y forzó la decisión anteponiendo sus intereses personales a los de la entidad a la que representaba.

Las nuevas declaraciones arrojaron algo más de luz sobre la fallida operación urbanística de la sociedad Navicoas Asturias, participada en un 50% por Caja Segovia, la cual derivó en el préstamo que ofreció como garantía el Torreón de Lozoya y varios edificios más, concretado con el Banco Financiero y de Ahorro, matriz de Bankia. Pero aún queda mucho que dilucidar, en palabras del abogado de la acusación popular, Andrés Herzog, representante de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), porque resultará de vital importancia el testimonio de algunos antiguos directivos de la desaparecida Caja Segovia que conocían muy bien la relación de la entidad con Navicoas.

Por las dependencias del Juzgado número 5, situado en el paseo de Ezequiel González, desfilaron ayer seis exconsejeros, la mayoría integrantes del grupo de los once que dieron el paso de denunciar ante la Fiscalía las presuntas irregularidades que habían advertido en los consejos del 26 de marzo y del 17 de julio de 2012. Entre ellos estaba quien ejerció de secretario en ambos consejos, Miguel Ángel de Vicente, a la sazón vicepresidente de la Diputación Provincial de Segovia y secretario provincial del Partido Popular. De Vicente declaró ante el juez Jesús Rodríguez Puras que tanto él como otros diez compañeros suyos en aquel consejo de julio de 2012 se sienten «manipulados» y «engañados» por los otros consejeros, entre ellos el presidente y el director general de la entidad, Atilano Soto y Fernando Tapias, respectivamente, que, faltando a la lealtad que debían al consejo, dulcificaron un acuerdo «que no estaba nada claro». Los seis últimos exconsejeros que han declarado en este sentido coincidieron en denunciar que se les ocultaron informes, concretamente el emitido por el gabinete jurídico Emilio Fuentetaja Sanz antes del 26 de marzo, que es cuando el consejo acordó asumir la deuda tributaria.

«Ni yo ni algunos de mis compañeros éramos conscientes de que se estaba haciendo una hipoteca específica para el Torreón, ni tampoco para los otros ocho o nueve inmuebles, de cuya existencia nos hemos enterado ahora, cuando hemos tenido acceso a los autos, que se han puesto en marcha precisamente por la incomodidad que teníamos determinados consejeros, pues creíamos que no se habían hecho las cosas como se había acordado», contó De Vicente a los periodistas a la salida del juzgado. El vicepresidente de la Diputación, que en el consejo de Caja Segovia representaba al grupo de los impositores, negó haber recibido un listado de las garantías que se iban a aportar como aval: «Al consejo de administración nunca se le dio un listado ni se le dijo la relación de inmuebles a hipotecar. Teníamos absoluto desconocimiento», concluyó el exsecretario del consejo, que aseguró, al mismo tiempo, no haber firmado las actas de aquella sesión del 17 de julio por no coincidir con lo previamente tratado.

Miguel Ángel de Vicente, que a la salida de la sede judicial fue increpado e insultado por integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se mostró satisfecho por poder colaborar con la justicia. «Otros [se refiere a UPyD y a Izquierda Unida] se están arrogando la responsabilidad de la investigación, pero si no llega a ser por el ejercicio de responsabilidad que hemos hecho determinados consejeros, hoy no estaríamos aquí».

En efecto, los miembros de aquel consejo de julio de 2012 decidieron denunciar porque se sintieron «manipulados». Para ellos, asuntos como el relacionado con la empresa Navicoas Asturias, de la que eran administradores Manuel Agudíez y Óscar Javier Varas, no se ajustaban a las actas de las sesiones redactadas con posterioridad. La falta de correspondencia en las actas, elaboradas por el secretario de Actas, Fernando Tapias, con el refrendo de Atilano Soto, presidente del consejo, fue precisamente detectada por Miguel Ángel de Vicente, que se negó a suscribirlas. Los exconsejeros que llevaron el caso a la Fiscalía fueron el propio De Vicente, Pedro Palomo, José Luis Sanz Merino, Fernando Aceves González, Juan Ignacio Contreras, Manuel Berzal Lobo, Juan José Martín Casado, Alfredo Velasco Barrio, Concepción Montes y Jesús Manuel Yubero Fuentes. Después se les unió en la denuncia Antonio Rodríguez Belloso. Por otra parte, los cuatro exconsejeros, aparte de los denunciados Atilano Soto y Fernando Tapias, que sostienen que sí se les aportó la información necesaria y eran plenamente conscientes de los acuerdos adoptados son Manuel Agudíez y José Pablo Lozoya, ambos vinculados al PSOE, y Elena García Gil y Ana María Valiente Borrego (Federación de la Mujer Rural, Femur).

Más declaraciones

Por su parte, José Luis Sanz Merino, exconsejero de la Caja y actual diputado provincial por el PP, declaró en la misma línea que Miguel Ángel de Vicente. De hecho, cuando abandonó el juzgado, se remitió a las declaraciones de De Vicente al no poder apenas hablar con los periodistas, pues fue gravemente insultado y perseguido a lo largo de cien metros por los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. «Me remito a las declaraciones de De Vicente. Siento no poder ser más explícito», dijo visiblemente molesto.

Por el juzgado pasaron otros cinco exconsejeros, algunos de los cuales optaron por salir o entrar de las dependencias por la puerta trasera para evitar el temido 'escrache'. Fue el caso del presidente de la Federación Empresarial Segoviana (Fes) y de la Cámara de Comercio e Industria de Segovia, Pedro Palomo, que accedió por la puerta principal y salió por la trasera sin que nadie se percatara de ello, o de Ana María Valiente Borrego, hija de la presidenta de la Federación Nacional de la Mujer Rural, Juana Borrego, que telefoneó desde el coche a su abogado y este acudió para protegerla en el trayecto hasta la puerta posterior del juzgado. Aun así no pudo evitar el aluvión de insultos e improperios que recibió, encaminados a poner de manifiesto su parentesco con la presidenta de Femur. «¡Habéis enchufado a toda la familia!», le gritaron. El rostro de la muchacha reflejaba el estado de preocupación y el desasosiego que en esos momentos albergaba en su fuero interno.

El actual director provincial de Educación, Antonio Rodríguez Belloso, abandonó el lugar por la entrada principal, pero rehusó hacer declaraciones por respeto al proceso y porque, a su entender, los periodistas ya lo saben todo. «No me avergüenzo de nada», dijo escuetamente. También estaban citados el alcalde de Boceguillas, Alfredo Velasco (PP), y Jesús Manuel Yubero (independiente, aunque formó parte de las listas del PSOE en las municipales de 2011), que ocupó el puesto del alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, tras la salida de este del consejo. La exalcaldesa de Sepúlveda Concepción Monte (PP) protagonizó la única ausencia, pues alegó problemas de salud al encontrarse embarazada.

No estaban capacitados

Otro de los puntos curiosos de la instrucción gira en torno a la capacitación de los consejeros de Caja Segovia, teniendo en cuenta la magnitud de la operación que aprobaron: la solicitud de un crédito de 6,8 millones de euros para cubrir una deuda hipotecaria, para lo que ofrecieron como aval un edificio declarado Bien de Interés Cultura (BIC).

Según el abogado Andrés Herzog, que se personó como acusación popular junto a Izquierda Unida, la titulación y la experiencia profesional han sido una de las cuestiones más recurrentes del juez. Curiosamente, la falta de capacitación para actuar como consejeros ha quedado en evidencia durante las comparecencias, según Herzog. «Esto explica el desenlace de Caja Segovia, porque «había un director general y una cúpula directiva que prácticamente decidían todo sin ningún tipo de oposición ni control del consejo de administración», apuntó el abogado de la acusación popular.

Preguntado por este extremo, el exsecretario del órgano Miguel Ángel de Vicente afirmó que todas aquellas personas que formaron parte del consejo reunían los requisitos exigidos por la Ley de Cajas de Castilla y León. También negó De Vicente que su actuación dentro del consejo estuviera influida por consignas de carácter político: «Nunca llegaron consignas de este tipo; de hecho, cada uno accedimos al consejo por diferentes grupos; unos representaban a los ayuntamientos, otros a las Cortes y otros a las entidades de interés general. Yo representaba a los impositores».

Herzog dijo que la investigación tratará de averiguar ahora si la otra parte del consejo, la integrada por los consejeros que aseguran ser plenamente conscientes de las decisiones tomadas, era asimismo consciente de que Caja Segovia no tenía necesidad de hacer frente a una deuda de ese calibre. «Es importante saber si la decisión se forzó, sabiendo o anteponiendo los intereses personales a los de la Caja. En todo caso, la instrucción apenas acaba de empezar. En función de lo que declaren otros testigos y de las pruebas documentales que se pidan, veremos cómo evoluciona todo», expuso el letrado de UPyD.

De momento, el juez Jesús Martínez Puras no ha citado más que a los miembros del consejo de administración de Caja Segovia que tomaron parte en la reunión del 17 de julio. La investigación tiene todavía mucho camino por delante.