La reforma local de Rajoy amenaza la cobertura residencial de las zonas rurales
Familia deberá asumir todos los Ceas o financiar la actual red de las entidades locales para no destruirla
ANA SANTIAGO
Miércoles, 22 de enero 2014, 11:27
La pérdida de competencias de los municipios con la nueva ley de reforma local supondrá la dependencia casi absoluta de las políticas, decisiones y, sobre todo, presupuestos de las comunidades autónomas. La nueva regulación de la ordenación territorial en primer lugar marca que las competencias de las entidades locales deberán estar recogidas en una ley, ya no valen convenios ni acuerdos, y limita en atención social su papel al de evaluar e informar de situaciones de necesidad social y de casos de prioridad de atención inmediata por exclusión social, según el análisis de los cambios que realiza la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales. Podrán asumir las funciones que la autonomía les delegue, siempre y cuando se las financie al 100%.
La cercanía, resultado de unas competencias locales o provinciales mantenidas y potenciadas en el tiempo es lo que ahora la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local anula entrará en vigor en junio de 2016 (se ha retrasado un año después de las elecciones) y traslada las competencias a las comunidades, como hace también con los centros de salud y consultorios locales rurales. Sin embargo, mientras en estos últimos, todo parece apuntar a que la Consejería de Sanidad los asumirá y financiará edificio o mantenimiento, dado que el equipo sanitario ya era de su competencia y el usuario apenas notará nada (aunque a la Junta le saldrá más caro), en Servicios Sociales, la adecuación a la nueva normativa se antoja más complicada. «En Sacyl, el médico me trata a mí, pero en Servicios Sociales es a mí y a mi entorno y eso es lo que hace más importante la cercanía», valora Luis Alberto Barriga, trabajador social y voz de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. No obstante, en cuanto a los Ceas se refiere, el futuro papel de la Junta parece claro: o los asume, incluido el personal, y mantiene la red básica y, con ella, la cercanía, o financia por ley y no por convenio y acuerda delegar en las entidades locales estos servicios de proximidad, es decir, la ayuda a domicilio, teleasistencia y la gestión general de prestaciones y prevención del riesgo de exclusión social, según apunta el análisis de la citada Asociación de Gerentes de Servicios Sociales.
Más complicada resulta a todas luces la cobertura asistencia residencial, especialmente en las zonas rurales. En los pueblos de Castilla y León coexisten las más variadas fórmulas de atención residencial. De hecho, esta disparidad, y el hecho de que cada ayuntamiento haya podido decidir si construye o no y de qué manera, ha creado un desordenado mapa residencial sobre todo en las zonas rurales, que al no ser competencia directa de la Junta ha ofrecido una oferta desigual, mal ajustada a necesidades y, en demasiadas ocasiones, ruinosa. Y ahora, con la nueva ley, las competencias pasan a la Consejería de Familia pero sin obligación alguna de asumirlas. Y esto sin duda hará tambalear la atención residencial, en particular en zonas rurales, porque la cobertura en ciudades ya es más racional; aunque también están las de titularidad de la diputación en áreas urbanas».
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