Política y justicia, presión sobre presión

Cuando se cumple un año de la huelga de jueces por la reforma Gallardón y a un mes de la toma de posesión de Carlos Lesmes como nuevo presidente del Tribunal Supremo y del refundado Consejo General del Poder Judicial, El Norte de Castilla ha reunido en la segunda mesa del Ciclo de Justicia del curso a los portavoces de las tres asociaciones de jueces más representativas de España y a uno de los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, para que reflexionen en voz alta sobre una preocupación que está en la calle y que se ha convertido en un verdadero clamor popular en los últimos meses: ¿La política está judicializada o es la justicia la que está politizada? ¿O ambas cosas? Los jueces, que ya habían alertado sobre el riesgo de perder independencia y la intención del Gobierno de convertir el CGPJ en una subsecretaría del Ministerio de Justicia, al final no han conseguido su objetivo: que los jueces fueran elegidos por jueces y no por las fuerzas políticas parlamentarias. Está en cuestión la independencia del tercer poder del Estado pero no solo en su órgano de Gobierno, sino también en su actividad ordinaria, lo que es más peligroso y abunda en el desapego de los ciudadanos hacia las instituciones. El nuevo Consejo se estrena en un contexto de decenas de procesos por corrupción política abiertos en los tribunales de casi todas las comunidades autónomas, a pocos días de la imputación de la infanta Cristina blanqueo y delito fiscal y en medio de declaraciones de polìticos que dicen respetar las decisiones judiciales pero que a renglón seguido las rechazan abiertamente. La polémica está servida.

Vicente Guilarte Gutiérrez. Vocal del Consejo General del Poder Judicial

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid y letrado en ejercicio, es vocal del Consejo General del Poder Judicial en su nueva etapa. Vallisoletano de adopción y vocación, aunque nacido en Bilbao, es, junto con el magistrado Gerardo Martínez Tristán, natural de la localidad vallisoletana de Cuenca de Campos, uno de los dos castellanos y leoneses que están en el órgano de gobierno de los jueces. Su candidatura fue respaldada por el PP y fue elegido por consenso de populares y socialistas del Senado para formar parte del grupo de vocales no jueces del CGPJ. Es abogado experto en derecho registral.

Pablo Llarena Conde. Asociación Profesional de Magistratura

El magistrado burgalés acaba de cumplir el pasado 10 de enero su primer aniversario al frente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que compatibiliza con la presidencia de la Audiencia de Barcelona, cargo que ocupa desde 2011. Como representante de la asociación de jueces conservadora y la más numerosa de las cinco que existen en España, ha sido el primero en tender puentes con el ministro Alberto Ruiz-Gallardón para tratar de normalizar las relaciones entre el Gobierno y el Poder Judicial. Los jueces conservadores no secundaron la huelga. Son partidarios de las tasas judiciales pero no de la forma y las cuantías.

Marcelino Sexmero Iglesias. Asociación de Jueces Francisco de Vitoria

Es portavoz de la segunda asociación de jueces y magistrados con más afiliados de España, la Francisco de Vitoria (AJFV). El magistrado salmantino, que ejerce en el Juzgado de Instrucción número cuatro de Madrid tras pasar, entre otros cometidos, por la sección ocho de la Audiencia Provincial de Madrid durante tres años, está últimamente en los medios de comunicación no solo por la portavocía en la asociación moderada de jueces, sino por decisiones como la de amparar el escrache ante la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o la de imputar a los artífices de la primera privatización de la sanidad madrileña.

Ignacio Martín Verona. Asociación de Jueces para la Democracia

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid, con competencias en lo mercantil, forma parte del secretariado nacional de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JD), la organización judicial más crítica con el plan de reformas emprendido por el Gobierno de la nación, como la implantación de las tasas judiciales, el endurecimiento de las penas previsto en el nuevo Código Penal, con la condena permanente revisable, en tramitación parlamentaria, o la política antidesahucios del Gobierno. La JD ha solicitado en los últimos días la retirada del anteproyecto de la Ley del Aborto.