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ANA SANTIAGO
Domingo, 24 de noviembre 2013, 19:37
Sistemas europeos, en particular suecos y alemanes, son la base del nuevo modelo de unidades de convivencia que la Junta quiere implantar en Castilla y León y bajo el ejemplo y tutela también de la experiencia en este sentido del País Vasco. Estos cambios persiguen, además de humanizar la atención, «favorecer la sostenibilidad de las residencias, especialmente en el medio rural, después de que la crisis económica esté dirigiendo a las familias hacia otros servicios para la atención a sus mayores y esté provocando que las residencias privadas tengan más de un 20% de plazas vacantes», según destacan fuentes de la Consejería de Familia. «A eso ha contribuido también el hecho de que Castilla y León disponga de más de 43.400 plazas residenciales y una ratio de 7,44 plazas por cada cien mayores de 65 años, frente al 4,43 de la media de España, y 2,4 puntos por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (5%)», añade. Entre los objetivos de la Consejería figura garantizar la viabilidad económica actual y futura del sistema; así como la supervivencia de la red de Servicios Sociales, pero «también evitar la pérdida de puestos de trabajo en un sector que emplea en Castilla y León a 35.000 profesionales».
En este momento, existen en la comunidad 25 unidades de convivencia abiertas. Está previsto que antes de finales de este año se pongan las bases para crear otras 40 unidades de convivencia. El Norte de Castilla publica en su edición en papel un reportaje sobre la experiencia piloto en la localidad vallisoletana de Viana de Cega en la residencia Lacort.
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