Las apelaciones a la Audiencia bajan un 35% en el primer año de la Ley de Tasas

Cinco recursos de inconstitucionalidad interpuestos, un año de concentraciones y distintos paro convocados en los juzgados y el acuerdo por vez primera en la historia democrática de todos los colectivos de la Justicia española. La Ley de Tasas cumple un año en vigor y el balance no puede ser más desolador y contundente. No solo se han reducido considerablemente los asuntos, sino que se ha venido a confirmar el efecto disuasorio para el acceso a la Justicia del que ya se advirtió en noviembre de 2012.

Los datos en Salamanca acompañan los temores que se advertían entonces. La cifra de apelaciones se ha visto reducida en un 34,7%, según los datos facilitados desde la Audiencia Provincial, de forma que si en 2012 el número de recursos en apelación al alto tribunal fue de 607, un año después y a raíz de la aprobación de la Ley de Tasas ha mermado hasta los 396. En lo que a los juzgados de lo contencioso-administrativo se refiere, la cifra también se ha reducido pasando de los 399 de 2012 a los 338 del año en curso.

Apoyados en éste y en otros trece puntos trasladados a un manifiesto, más de doscientas personas se concentraron ayer a las puertas de los Juzgados en Plaza Colón bajo un grio unánime: la derogación de la Ley de Tasas. Letrados en su gran mayoría que denuncian que la aprobación de esta ley ha privado a «miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela efectiva». En este punto, apunta el colectivo que empresas y ciudadanos con mayores recursos económicos no han sufrido privación alguna en el acceso a la justicia, ni siquiera en su «abuso», al contrario que en el caso de las Administraciones Públicas, exentas del pago.

«Muchos de nuestros clientes se echan atrás cuando deben recurrir por el coste que deben asumir en el recurso. Cada vez son más los ciudadanos que deciden no recurrir una sentencia por motivos económicos», señalaron ayer desde el Colegio de Abogados de Salamanca. «Para lo que sí ha servido es para disminuir los procedimientos que tienen que pagar tasa. En la civil han disminuido, se habrá reducido incluso la social pese a que prácticamente el trabajador no tiene que pagar tasa y en la contenciosa la disminución también ha sido grande», añadió su presidente Fernando Dávilar poco después de leer en la mañana de ayer un manifiesto con catorce puntos en el que se venía a subrayar la discriminación que supone para las clases más bajas.

«Las empresas y los ciudadanos de holgada situación económica no han experimentado ninguna privación de ejecución del derecho en este último año, ni siquiera del abuso del derecho», explicaron, haciendo especial hincapié en el carácter recaudatorio de la Ley de Tasas, espíritu con el que nació según apuntan los letrados. A pesar de ello, los diferentes colectivos que acudieron a la concentración -jueces, magistrados, abogados, fiscales, secretarios judiciales, sindicatos, funcionarios de la Administración de Justicia y asociaciones de consumidores-se preguntan dónde han ido a parar los 103 millones de euros recaudados hasta septiembre de este 2013, una cifra muy inferior a la prevista por el Ministerio, que presupuestó un total de 306 millones de euros en el primer año desde su aprobación. «Ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia», confirmaron ayer.

Por todo ello, y al margen de pedir al Gobierno que escuche la voz de todos los colectivos afectados, «pues somos los que mejor conocemos las disfunciones del sistema judicial y sus efectos negativos en la ciudadanía, y valore el hecho sin precedentes de que todos los actores reales de justicia continuamos unidos frente a las reformas y acciones que afectan gravemente el Estado de Derecho y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos», los letrados recordaron ayer el ejemplo vivido en el país vecino, Francia, donde se ha decidido suprimir las tasas judiciales en enero 2014. «Allí se ha considerado que restringe el acceso a la Justicia. Está claro que España sigue siendo diferente», apuntaron durante la concentración, señalando al ministro Alberto Ruiz Gallardón como culpable de los cambios que ha sufrido la Justicia española, especialmente en el último año.