El violador del ascensor exigió ser tratado por psicólogos externos, pero la prisión se opuso por su carácter manipulador

Continúan creciendo y extendiéndose los avisos en las redes sociales sobre la presencia de Pedro Luis Gallego Fernández, el violador del ascensor, en diferentes puntos de Valladolid. Los últimos mensajes le sitúan en localidades de la zona sur de la provincia. El retrato-robot de su actual aspecto (completamente afeitado en cabeza y cara) circula por las redes sociales lo que, con la ley en la mano, podría convertirse en una vulneración de sus derechos a la intimidad personal y a la propia imagen. El miedo ha hecho circular propuestas como la de que todas las vallisoletanas tengan un silbato a mano («mete uno en el bolso de tu hermana, tu hija y tu amiga») para utilizarlo en caso de cruzarse con él.

«Sabemos que está en la ciudad. Y nos sentimos amenazados, sobre todo los que tenemos hijas». El propietario de un mesón situado junto a la residencia materna de Gallego Fernández, cerca del Paseo de Zorrilla vallisoletano, resume la psicosis que se ha instalado en la ciudad. Es la dirección postal que él ha comunicado a Instituciones Penitenciarias. En esta semana escasa, los ciudadanos han alertado a los cuerpos policiales de su presencia en al menos cuatro de los barrios más populares de la capital castellana.

El miedo está en las calles y el debate en las mesas de los expertos. A Gallego Fernández se unirá en breve la más que segura excarcelación de Juan Manuel Valentín Tejero, asesino de la niña Olga Sangrador, y que se beneficiará de las ventajas de que deje de aplicarse la llamada doctrina Parot. Otros entre 18 y 20 violadores reincidentes hasta la náusea y la alarma social volverán a las calles españolas en las próximas semanas, según las fuentes penitenciarias consultadas. Con ellos ya no cabe medida de vigilancia. Tendrán su contador de cuentas con la sociedad a cero.

Y eso que criminólogos y psicólogos están de acuerdo en casi todo lo que se refiere a delincuentes sexuales. En las cárceles españolas hay programas de tratamiento desde 1998. En contra de la opinión general, la mayoría no suelen ser reincidentes aunque, cuando uno repite, la alarma social lo magnifica todo. Santiago Redondo, autor del primer informe en España sobre la evolución de los criminales sexuales tras su paso por la cárcel, cifró el margen de riesgo por debajo del 20%, aunque recuerda que «parece más fácil identificar aquellos casos que probablemente no reincidirán que aquellos que sí lo harán».

No es caso de los dos violadores vallisoletanos. Ni de los otros 18. Pertenecen a ese 4% o 5% de irrecuperables. «Es como trabajar con una silla o una papelera. Ni estos objetos ni ellos tienen sentimientos de culpa. Da igual que nazcan o se hagan. Tienen carencia absoluta de afectividad y no se arrepienten de nada. Son perfiles psicopáticos en los que, además de agresores son asesinos. Ese plus de violencia les hace sentirse por encima de todo y de todos». Es el diagnóstico de 25 años de experiencia trabajando en la rehabilitación de agresores sexuales de las cárceles. Su autora es una psicóloga que oculta su identidad porque sigue trabajando tras las rejas, pero que quiere que la sociedad sepa a lo que se enfrenta. Insiste en que estos perfiles impermeables a cualquier intervención «ni tienen tratamiento, ni lo quieren. Culpan a los demás de su propio fracaso».

Es el caso de Pedro Luis Gallego, que se apuntó al programa de rehabilitación durante su estancia en Herrera de la Mancha, y que después abandonó por su cuenta para pedir un tratamiento con un equipo externo. «Buscaba manipular a los psicólogos y sabía que con los de la cárcel es mucho más difícil», continúa esta experta que recuerda que esos programas son como los cursos escolares: «no se progresa al siguiente si no se aprueba el anterior. Y él no tenía ningún interés en avanzar», concluye.

«Nosotros tampoco tenemos dudas: son irrecuperables porque son delincuentes por convicción. Lo que hacen está para ellos muy por encima de los valores que quiebran», resume el secretario general de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, Antonio Cela.

Con estas decisiones, la justicia ha situado a la sociedad a la que debe defender en una enorme contradicción. Todos estos delincuentes salen libres y con plenos derechos. Y hay una ciudadanía que reclama una protección que nadie puede garantizarle sin vulnerar los derechos de alguien. En este punto, los expertos también apuestan porque tenga más peso el interés colectivo. «Empezamos a darnos cuenta de que la condena permanente revisable que propone el ministro Ruiz-Gallardón empieza a no ser una mala opción. Ajustar la condena a la evolución del interno es lo más lógico», coinciden el criminólogo y la psicóloga.

Medidas que no serán aplicables a este reducido pero explosivo grupo de agresores. Tras descartarse en España la castración química tras varios estudios («no son violadores de bragueta sino de cabeza»), los programas de control con GPS (modelo canadiense) o de libertad vigilada por agentes (EE UU) son algunas ideas en estudio. Pero los expertos azuzan a los legisladores para que «dejen de llevarse las manos a la cabeza cuando ya no hay remedio». Como ahora.

Una carta para reivindicar su inocencia y su honor

De la capacidad de utilizar todos los recursos posibles y manipular a su entorno de Pedro Luis Gallego da idea iniciativas como la carta con la que se dirigió «a la opinión pública» a través de El Norte de Castilla el 17 de octubre de 1993, en un escrito previo al juicio por el asesinato de Leticia Lebrato. En ella se declaraba inocente y aseguraba que «puse mi firma, porque sabía que durante muchos años tendría que vivir en prisión y podrían beneficiarme todas las ventajas que me ofreció (el juez)». También recordó a la sociedad que «mi familia es tan trabajadora y honrada como la que más, por mucho que traten de manchar mi honor».

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