Un centenar de funcionarios de prisiones defienden un servicio público

Alrededor de un centenar de funcionarios de prisiones y delegados sindicales se concentraron ayer, convocados por UGT, CCOO y CSI-F, a las puertas de la prisión de La Moraleja, en la localidad palentina de Dueñas, en defensa de unas instituciones penitenciarias públicas y de calidad. Los sindicatos convocantes denunciaron que se está caminando hacia la privatización de este servicio público que, además, está sufriendo creciente un deterioro como consecuencia de los recortes del Gobierno central.

El responsable de UGT Prisiones de Castilla y León, Juan Vicente Manzano, aseguró que «la situación cada año es peor, cada vez hay menos efectivos, las plantillas están envejecidas, la ratio por interno es bastante elevada, la oferta de empleo público ha disminuido y la tasa de reposición es cero», lo que redunda en un mayor esfuerzo por parte del funcionariado para mantener los niveles de calidad del servicio.

En cuanto a la privatización, el delegado del sector del sindicato CSI-F, José Lázaro, recordó que desde el mes de abril la vigilancia externa de las prisiones se lleva a cabo de forma experimental y hasta diciembre por empresas de seguridad privada que comparte la tarea con la Guardia Civil. Denunció que «supone un gran derroche de dinero en estos tiempos de crisis» y puso como ejemplo La Moraleja, donde 20 vigilantes privados comparten el control de entrada con agentes de la Benemérita «duplicando recursos». Alertó que los sindicatos se temen que sea un primer paso y que después de la vigilancia externa, la seguridad de los puestos donde no hay internos sea cedida a las empresas privadas en detrimento de los funcionarios que son quienes ahora realizan esta labor.

Por su parte, el secretario provincial de CCOO Palencia, Luis González, defendió una gestión totalmente pública de las prisiones y reclamó que el «ensayo» con vigilancia privada no vaya más allá. Además, los manifestantes pusieron de manifiesto su malestar por los recortes del Gobierno como la reducción de los planes de pensiones en un 75%, de la acción social en un 50% o la rebaja a tres de los días de los asignados a asuntos propios.

La concentración de ayer se enmarca en un calendario de protestas que se está desarrollando por las diferentes prisiones del país y que llegará el próximo día 18 a la cárcel de Topas, en Salamanca.

En Castilla y León, hay un total de siete centros penitenciarios en los que trabajan unos 2.600 funcionarios.

Crece la conflictividad

En cuanto a prisión de La Moraleja, el delegado de CSI-F denunció un incremento de la conflictividad como consecuencia de la llegada de reclusos peligrosos y con problemas psicológicos y al incremento de la ratio que es casi de un funcionario por cada cuatro internos. Aseguró que prácticamente todos los días se producen peleas y reseñó que ayer mismo un interno agredió a otro pinchándole con un instrumento cortante y causándole heridas de las que tuvo que se tratado en el Complejo Hospitario Río Carrión de la capital palentina. También, agregó, se han incrementado las agresiones de internos a funcionarios.

José Lázaro se quejó de que los funcionarios de prisiones no están preparados para atender a los internos con problemas mentales, que cada vez son más abundantes en la prisión palentina. El centro penitenciario de la Moraleja cuenta en estos momentos con una población reclusa de entorno a los 1.300 presos. El número de funcionarios ronda los 450.