Matices técnicos agravan la tensión entre Junta y Gobierno por los fondos rurales

Sin duda fue un golpe sobre la mesa que buscaba dar un efecto de autoridad en la materia. Sobre si lo consiguió o no, todo es interpretable. Y es que la visita del subsecretario del Ministerio de Agricultura a Valladolid, Jaime Haddad, y el encuentro que mantuvo a primera hora de ayer con los representantes de las organizaciones agrarias fue la llama que encendió de nuevo la polémica entre el Gobierno central y la Junta de Castilla y León a cuenta de los fondos de desarrollo rural.

Había mediado el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, hablando primero con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en dos ocasiones en menos de 24 horas, y sentándose después con el mismo ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, acompañado por la consejera, Silvia Clemente, pero a juzgar por los hechos, ni conversaciones ni viaje fueron suficientes para empezar a encauzar la polémica en los despachos.

«No hemos entendido que se nos haya acusado de malos pagadores cuando nuestros datos están al día», explicó ayer Haddad, justificando así su visita a la capital vallisoletana, a la que acudió con una batería de cifras que desgranó para los representantes del sector agrario.

Lo hacía horas después de que hubiera participado en el encuentro que se celebró también en Valladolid en la tarde del viernes con el equipo directivo de la Consejería de Agricultura y en el que se analizaron las «discrepancias técnicas» que en su momento justificó Clemente al salir de la reunión con el ministro. No obstante, en esa cita tampoco hubo acuerdo en la interpretación de las cifras porque, de hecho, los datos explicados por la Junta y por el Ministerio siguen sin coincidir.

El subsecretario del Ministerio entregó a los medios de comunicación un informe con las aportaciones que el Gobierno central ha ido realizando al Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla y León en 2012 y que previamente había repartido entre las organizaciones agrarias. De los datos que presentó seguían sin cuadrar algunos con respecto a los que el pasado miércoles había explicado la Consejería de Agricultura a los mismos representantes del sector. Son «interpretaciones técnicas», como las definió Haddad, que siguen aún sin resolverse entre las dos administraciones y que han llegado a ambos gobiernos a convocar otro encuentro el próximo viernes y seguir trabajando en su resolución.

El Gobierno y la Junta parten de la misma base, los 544.359.999 euros de compromiso financiero que fue asumido por ambas administraciones para llevar a cabo el PDR desde 2007 hasta 2015. Pero a partir de ahí, las cifras bailan. La Junta calcula que la aportación pendiente del Ministerio a Castilla y León hasta 2015 es de 210,8 millones de euros y que al dividirlo por los tres años que restan el resultado es de 69,8 millones anuales, mientras que el Ejecutivo central habla de 136,6 millones que faltan por llegar a Castilla y León en los próximos tres años, cuya media anual son 45,5 millones de euros.

La explicación que dio ayer el subsecretario del Ministerio es que la Junta no ha hecho los cálculos tomando como referencia la reprogramación solicitada el año pasado a través de la cual las dos administraciones (Junta y Estado) redujeron su aportación inicial en 141 millones de euros con respecto a lo que acordaron en 2008.

El convenio de SEIASA

Estos «matices técnicos» son los que están pendientes de resolver pero a esta falta de entendimiento se sumaba ayer otro resquicio igualmente específico. En las aportaciones que el Ministerio incluye dentro del programa de desarrollo rural que han llegado a Castilla y León ha incluido 5,5 millones de euros abonados en 2012 y otros 4,5 millones de euros en el abono de 2013. Estas partidas corresponden a obras de modificación de regadíos ejecutadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) que la Consejería de Agricultura no reconoce como parte de esos fondos.

En una nota de prensa distribuida minutos después de que terminara el encuentro entre el subsecretario del Ministerio y las organizaciones agrarias ayer en Valladolid, la Consejería aseguraba que «no entiende ni acepta» que el Ministerio, «por primera vez este año» desde que hace tres viene ejecutando esta medida, «pretenda contabilizar como aportación suya el anticipo que la sociedad realiza para ejecutar una parte de la obra y que es devuelto por los regantes en 25 años a partir del año 26 desde la conclusión de las obras». A su juicio, «el Ministerio no busca otra cosa, sino reducir la aportación que tiene comprometida en el programa de Castilla y León al haber considerado estas cantidades como computables en su participación».

Sin embargo, desde el Gobierno tiran de un acuerdo firmado en 2009 entre la actual Consejería de Agricultura y el entonces Ejecutivo del PSOE en el que, según Haddad, «se explica meridianamente claro que los fondos de SEIASA entran dentro del PDR».

Según el convenio al que ha tenido acceso este periódico, en la cláusula tercera se hace referencia a la financiación. En ella se recoge que una parte de la inversión correrá a cargo de los miembros de la comunidad de regantes con la que la Sociedad firmará un convenio específico, y en lo que corresponde a SEIASA, dice que «el resto de los fondos necesarios para la ejecución de las obras será aportado por SEIASA del Norte S. A., que contará para su financiación con la aportación de los fondos FEADER previstos en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, en la participación establecida en dicho documento para la Administración General del Estado».

En la rueda de prensa, el subsecretario se mostró sorprendido por la interpretación de la Junta porque insistió en que todas las actuaciones vienen avaladas por informes contables que lo acreditan y volvió a justificar «diferencias de interpretación» para explicar esta prolongada falta de entendimiento.

La mejor gestión

Por su parte, en la nota de prensa de la Consejería detallaban la gestión que se ha hecho de los fondos de desarrollo rural en los últimos años asegurando que es la comunidad «que mejor lo hecho», algo que no dudan en reconocer fuentes del Ministerio. Desde la Junta insisten, no obstante, en que Arias Cañete sigue debiendo 26,6 millones de euros de los 44,3 que el Gobierno de Herrera ha pedido ya al Ministerio porque solo se han transferido 17,6 en lo que llevamos de año 2013. Sumando la cantidad de SEISA, el departamento de Arias Cañete habla de 22 millones aproximadamente, lo que supone el 51% del total que el Ministerio entiende que tiene que recibir Castilla y León.

Y como estas cifras tampoco cuadran en la Consejería, la discusión sigue anclada ahí, en los detalles técnicos que requieren de papel, lápiz y volverse a sentar. El viernes, nueva cita también de carácter técnico.