Las instituciones regionales defienden su utilidad frente a la reforma de Rajoy

Empiezan a alzarse voces de los directamente afectados por la propuesta de Mariano Rajoy de eliminar los defensores del pueblo autonómicos y los tribunales de cuentas de las comunidades, al considerar que su trabajo lo pueden hacer organismos estatales. «El Consejo de Cuentas de Castilla y León lleva en la austeridad mucho tiempo. Desde 2009 hemos reducido el presupuesto el 17% y en 2011 se recortó el número de consejeros de cinco a tres», explicó ayer su presidente, Jesús Encabo.

El máximo responsable del organismo encargado de vigilar la limpieza del empleo de fondos públicos y contrataciones en la comunidad apuntó que las fiscalizaciones que hacen son diferentes de las del Tribunal de Cuentas del Estado. «No hay duplicidad. Desde 2004, el Tribunal de Cuentas ha emitido solamente tres informes de Castilla y León, sobre el consorcio Salamanca 2002, el Ayuntamiento de Villablino y las diputaciones», recalcó Encabo.

Encabo recordó que en países descentralizados como Alemania, se han descentralizado también los órganos de control externo, caso del Consejo de Cuentas. «En los tiempos actuales hay una mayor demanda de conocer cómo se gestiona el dinero público y nosotros incidimos en esa fiscalización y en la divulgación de las auditorías», aseguró el presidente del Consejo de Cuentas.

A lo que sí abrió la puerta es a una posible ley estatal que coordine la labor de todos los tribunales de cuentas, los autonómicos y el estatal.

LIMAR DERECHOS

En una línea similar a la del presidente del Consejo de Cuentas se pronunció ayer el defensor del pueblo castellano y leonés, Javier Amoedo. El Procurador del Común afirmó que eliminar la institución que dirige supondría «limar los derechos» de los ciudadanos de Castilla y León, a los que se presta un servicio desde «la cercanía». Amoedo insistió en que las más de 4.000 quejas que ha tramitado en 2012 y las más de 2.000 que han presentado los ciudadanos en lo que va de 2013 son una prueba de la «confianza» que tienen en la institución.

La propuesta de poda institucional del Gobierno central coincide con la aprobación por las Cortes de Castilla y León de una ley autonómica que reforma cuatro instituciones: el Consejo de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social y el Procurador del Común. El texto es tan reciente que todavía está sin publicar en el boletín oficial, pero plantea medidas de funcionamiento como la agrupación de servicios y contrataciones con las que la Junta espera conseguir un ahorro anual en torno a 2,4 millones de euros.