La puntilla de los 2.207 juzgados de paz

La mayoría de los 2.207 juzgados de paz de Castilla y León, que apenas se han quedado para inscribir nacimientos y defunciones de sus vecinos, tienen puesta la puntilla con fecha de caducidad: julio de 2014, cuando entre en vigor la Ley del Registro Civil de 2011, una ley que, a pesar de estar consensuada al máximo por los grupos políticos en el Parlamento, está en pleno proceso de reforma sin haberse siquiera estrenado.

Los juzgados de paz Castilla y León, según los últimos datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvieron en 2011 un total de 1.248 juicios de faltas, 77.893 exhortos penales, 562 diligencias previas, y otros 2.554 asuntos penales, 78 juicios verbales, 2.037 actos de conciliación, 71.955 exhortos civiles y otros 8.726 asuntos civiles. Con la reforma Gallardón, que elimina las faltas penales pero, sobre todo, incide en la informatización, la centralización de las oficinas y privatización de los registros civiles, la institución judicial más ancestral pero también, la más cercana, tiene los días contados. «Las agrupaciones de paz se sostienen por los registros civiles», constata Ángel Espinosa, funcionario judicial del registro civil vallisoletano.

Según se refleja en la Ley Registral de 2011, en cada comunidad autónoma se ubicará, al menos, una oficina general del registro civil, con el fin de concentrar los 8.109 órganos registrales que existen en España, de los cuales 432 son registros civiles principales y 7.677 delegados en juzgados de paz, 2.207, en Castilla y León. Con la nueva norma, la amplísima red se quedaría reducida a un máximo de 130 oficinas generales, lo que llevaría aparejado un considerable ahorro de gastos de mantenimiento de sedes. No obstante, para conseguir el objetivo de un registro civil único y electrónico es necesario, sin embargo, apuntan jueces, secretarios y funcionarios consultados, que las nuevas oficinas estén dotadas de un número adecuado de empleados y de medios informáticos.

El proyecto es que exista una oficina general por cada comunidad y ciudad autónoma, y otra por cada 500.000 habitantes, al frente de la cual habrá un encargado, que tendrá las funciones de recibir declaraciones y solicitudes, tramitar y resolver expedientes, practicar las inscripciones y expedir certificaciones.

Pero, como apunta Manuel Martín Morato, secretario judicial del Registro Civil exclusivo de Valladolid, en un reciente análisis de la Ley Registral publicado en la 'Revista Jurídica de Castilla y León', habría que replantearse la ratio poblacional que se señala inicialmente en la Ley, «pues debería tenerse en cuenta la estructura provincial para no producirse agravios comparativos dentro de una misma comunidad autónoma».

Distancias

De esta manera, explica el experto, «si una provincia no alcanza los 500.000 habitantes, puede provocar el desplazamiento del ciudadano a una oficina general ubicada a larga distancia, con lo que se vulneraría el principio y la filosofía de la creación de un registro cercano al ciudadano. Porque, a pesar del creciente uso de medios informáticos, aún no está generalizado, y especialmente en lo que concierne a las relaciones con la Administración. En este sentido, Manuel Martín pone como ejemplo que en Castilla y León, según la Memoria Justificativa al Anteproyecto, solo procedería la creación de seis oficinas generales si se mantiene esa ratio de población, de manera que habría tres provincias que se quedarían sin sede. En este mismo sentido de tener en cuenta las singularidades de las comunidades autónomas se ha pronunciado el CGPJ, que considera que la distribución territorial que se prevé en la norma podría dificultar el acceso de buena parte de la población a las oficinas generales del registro civil.

Este sería uno de los aspectos que los expertos creen que debería incluirse en la reforma integral de los registros que se plantea, una reforma que está siendo muy contestada en todos los ámbitos judiciales porque encomienda la llevanza de los mismos a los registradores de la propiedad y mercantiles, y que atribuye a los notarios otras facultades que han sido tradicionalmente propias del encargado de los registros civiles, como los matrimonios o las actas de jura o promesa de la nacionalidad para los extranjeros residentes.

Mañana se retoman, a la puerta de los juzgados de Castilla y León, las concentraciones conjuntas orquestadas por los sindicatos CSI-F, Comiones Obreras, Staj y UGT-FSP contra la intención del Gobierno de privatizar los registros civiles. Los sindicatos desconfían de las declaraciones del ministro de Justicia respecto de que el encargo a los registradores no significará que los usuarios tengan que pagar por solicitar cualquier certificado. Consideran no solo que la ciudadanía tendrá que hacer frente a otro copago, sino que además es una amenaza para el empleo público y la confidencialidad de los datos personales.

Mientras las centrales mantienen la presión y no descartan plantear un recurso de inconstitucionalidad si se refrenda la reforma, los registradores insisten en que «no hay tal privatización, también somos funcionarios». La decana de Castilla y León, Reyes Gómez de Liaño, es clara: «Nosotros no los hemos pedido, pero dependemos del Ministerio de Justicia: si nos lo encomiendan, lo acataremos, aunque necesitamos recursos económicos para llevarlo a cabo».