Sindicatos y opas reclaman recuperar el pacto político y social en las Cortes para aprobar el modelo territorial

Los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones profesionales agrarias UPA-COAG y UCCL reclamaron hoy recuperar y reabrir en el Cortes el pacto político y social , durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, para que sea aprobado mediante un gran consenso en el que se vean reflejadas también las propuestas de las organizaciones sociales.

La primera iniciativa en esa dirección es la petición de una reunión conjunta con los tres grupos de las Cortes de Castilla y León para trasladarles su alternativa, que se concreta en 18 apartados, y solicitarles el esfuerzo y la voluntad de acuerdo no sólo político sino social para que una ley de esa importancia y trascendencia sea representativa de la sociedad, según explicaron en rueda de prensa los secretarios autonómicos de UGT, Agustín Prieto, de CCOO, Ángel Hernández, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, y la directiva de UPA-COAG María Luisa Pérez.

Hernández manifestó que corresponde a los grupos habilitar la fórmula para escuchar a la parte social en la fase de tramitación de la ley y afirmó que la palabra la tienen ahora PP, PSOE y Mixto (IU y UPL), pero advirtió de que no van a esperar tiempo para ver su disponibilidad y que la respuesta es sí o no. No queremos reuniones que sirvan para una foto y para nada más, si la ley no sale con consenso, no nos sentiremos representados, remarcó.

Los dos sindicatos y las dos organizaciones agrarias quieren que se reabra el diálogo para llegar a un acuerdo político y social, ya que durante las reuniones de la mesa territorial -foro creado por la Consejería de Presidencia en la que estuvieron representados- no se consiguió. El pacto político y social en ordenación territorial es uno de los compromisos de legislatura del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y en esa dirección trabajó el departamento de José Antonio de Santiago-Juárez antes de la elaboración de la ley y ahora, a través de la negociación bilateral con el PSOE, cuando el testo está en las Cortes.

La propuesta alternativa es el inicio para el consenso en una ley más que necesaria, afirmó González Palacín, quien subrayó que es el momento de sumar voluntades y recalcó que los ciudadanos piden a gritos que haya acuerdos. Y este tiene que se uno, apostilló. Por su parte, Agustín Prieto consideró que la Junta ha despreciado el pacto con la presentación del proyecto, que en opinión de su sindicato no responde a las necesidades de la Comunidad.

La propuesta alternativa de los dos sindicatos y las dos opas, que ahora se remite a los grupos, valora más como ordenación administrativa que territorial el proyecto de ley de la Junta, explicó tanto Prieto como María Luisa Pérez, quienes abogaron por el dinamismo rural y en el territorial para generar empleo y riqueza y para que las personas tengan los servicios básicos para vivir donde deseen.

Aunque apuestan por potenciar las comarcas naturales como la unidad básica de ordenación frente a las mancomunidades de interés general que propone la Junta, dejan abierta la creación de áreas funcionales, ya que no les importa tanto el nombre, como afirmó González Palacín, sino que los municipios no pierdan sus funciones, que exista una colaboración supraprovincial y que no haya una imposición de arriba a abajo.

Choque de dos proyectos

Otra de las propuestas es la definición de las provincias, uno de los aspectos en los que hay diferencias y las hubo también en la mesa territorial. Hernández, que recordó que la presencia de los presidentes provinciales en esos grupos de trabajo fue como meter la zorra en el gallinero, incidió en que la propuesta de la Junta se aleja de la defendida en el documento presentado por ellos. Todos ellos reconocieron que estas instituciones están en tela de juicio, pero González Palacín matizó que su eliminación es difícil al estar en la Constitución y abogó por adelgazar sus funciones para que no ocurra como ahora, en su opinión, que el 70 por ciento de su gasto es para mantener la estructura administrativa.

Por último, destacaron que la reforma local del Gobierno y la de la Junta chocan y son incompatibles, por lo que Hernández planteó esperar o retrasar la tramitación de la norma autonómica hasta la aprobación de la estatal, al tiempo que expresó el respaldo a las alegaciones remitidas a Madrid por parte del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera.

La generación de empleo y el dinamismo económico, la cohesión social y territorial para corregir desequilibrios y un modelo que prime la visión de Comunidad frente a la perspectiva local o provincial, configuran los ejes de la alternativa de CCOO, UGT, UPA-COAG y UCCL (no está Asaja). Además, subrayan que la comarcalización, en la que se basan, no persigue sustituir a los municipios, sino que se constituye como instrumento básico de cooperación intermunicipal a instancia de los ayuntamientos, y plantean la creación de una red de municipios de referencia en las áreas funcionales o comarcas, modelo en el que también defienden la pervivencia de las entidades locales menores.