Urbanismo revisará la norma de terrazas para evitar la ocupación excesiva de calles

La Ley Antitabaco, que entró en vigor el 2 de enero de 2011, fue la semilla. La norma expulsaba de bares y restaurantes a los 'viciosos' fumadores. Brotaban entonces en las calles de la ciudad nada menos que 839 terrazas, la cifra más alta registrada en la capital. En agosto de aquel ejercicio, se publicaba una nueva ordenanza, con el visto bueno del sector, para regular unas instalaciones que desde entonces han cambiado, y mucho, el paisaje urbano. Del clásico velador de mesa, silla y sombrilla se ha pasado a modernos montajes de quita y pon o fijos, refugio para los que les gusta tomarse el café o el vino acompañados de un pitillo. Estufas, cortavientos, maceteros y mobiliario de diseño han tomado la vía pública en un nuevo modelo para todas las estaciones.

Dos años después de aprobar la norma, la Concejalía de Urbanismo está estudiando revisar la ordenanza para evitar cualquier ocupación excesiva de la vía pública y para atajar el incremento de ruido ambiente por la acumulación de terrazas en un mismo espacio. No obstante, desde el departamento municipal acotan que el incumplimiento, bien por actas de la policía o por denuncia del vecindario, es «muy bajo». A día de hoy, el Ayuntamiento tiene autorizadas 785 instalaciones, una veintena de ellas permanentes, que suponen unos ingresos para sus arcas de 549.517 euros al año, una recaudación que ha crecido el 16% respecto al dinero que entraba en el Consistorio antes de la prohibición del tabaco.

La necesidad de una revisión ya fue abordada en último pleno, donde el PP, a través de su portavoz, anunció la intención de dar una vuelta al texto. Dos casos concretos la terraza fija montada por el bar La Villa en la calle Vinos de Rueda de Parque Alameda y la revocación de la licencia al restaurante Caroba, que se vio obligado a retirar una estructura anclada en la calle Dulzainero Ángel Velasco (plaza de Coca) han sido la mecha del debate.

A juicio de Manuel Saravia, concejal de Izquierda Unida, la proliferación de instalaciones fijas «no se ha visto venir» y considera que se están dando pasos hacia «privatización del espacio público» con construcciones «prácticamente cimentadas», que habría que analizar con más cuidado, «porque ahora el primero que llega, se queda con el espacio». Javier Izquierdo, portavoz del PSOE, cree que el crecimiento de estructuras permanentes debe conllevar más control y un trato económico diferente. «No nos negamos a que se instalen, pero ya no es una ocupación de vía pública, debería tratarse como una concesión del espacio público con el consiguiente pago de un canon anual más elevado», sostiene. Además, el socialista subraya que es necesario tener en cuenta, tanto en las terrazas más ligeras como en las fijas, aspectos básicos como la garantía de accesibilidad de los servicios de emergencia en el caso de que haya un incidente, la posible colusión de intereses con otros negocios, de manera que, por ejemplo, los veladores no tapen los escaparates, así como el respeto al paso de peatones.

En este momento las autorizaciones de terrazas permanentes, que requieren de un permiso especial, están acompañadas del pago de una fianza por parte del propietario para la reposición de los elementos de la vía pública cuando el velador deje de dar servicio. En algunos casos, ese depósito, que no se recupera, ha alcanzado los 10.000 euros.

Inspecciones

Durante las últimas semanas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un inspección en diferentes barrios de la ciudad, que se ha saldado con el malestar de muchos negocios y la solicitud, por parte del presidente de la Asociación de Hostelería, Jaime Fernández, de una entrevista urgente con la concejala. «Están llegando bastantes quejas de locales que habían solicitado la renovación automática y que, tras la visita de los técnicos, han sido obligados a cambiar la disposición de la terraza sin haber sido avisados antes del comienzo de la temporada», lamenta Fernández. Así, por ejemplo, algunos establecimientos han visto cómo los toldos que colocaron para proteger a los clientes ya no les valen porque han tenido que mover las mesas a otro lugar, mientras que otros cambios del croquis acercan peligrosamente los veladores a la calzada. Hasta el punto, dice el hostelero, de que clientes y camareros «se juegan el tipo» y los coches que aparcan «no pueden abrir las puertas». Estas modificaciones han afectado a un total de 130 bares y restaurantes, lo que supone el 17% de los permisos.

En Urbanismo explican que la revisión «ha venido motivada porque, al haberse aplicado por vez primera la ordenanza, era necesario comprobar que cada uno de los emplazamientos autorizados con anterioridad cumplían la normativa, y, en caso contrario, otorgar una nueva autorización con un nuevo croquis ajustado a la norma». Digamos que se trata de una puesta al día. A aquellos establecimientos que han visto reducida la dimensión de su velador se les devuelve el dinero que habían pagado de más antes de la corrección.

Varios de los hosteleros afectados afirman que cuando han pedido explicaciones en Urbanismo, los técnicos municipales les han trasladado que las quejas provenían del colectivo de ciegos, que habrían alertado sobre las instalaciones pegadas a las fachadas. La ordenanza, recuerdan, dice que el itinerario peatonal debe quedar libre «preferentemente» junto a la línea de fachada, con lo que «no es una obligación».

Miguel Díez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE, asegura que su organización no ha presentado ninguna queja formal, pero reconoce que el tema sí se ha abordado en el Consejo Municipal de la Discapacidad. «Para nosotros las fachadas son la principal referencia a la hora de desplazarnos y cada vez es más habitual la presencia de barriles o mesas altas junto a las puertas de los establecimientos», explica. Ismael Pérez Blanco, delegado de la entidad, matiza que el colectivo «no quiere ser utilizado como excusa» para el cumplimiento de una norma que deja muy claro cómo deben colocarse y señalizarse los veladores. «En lo demás, ni entramos ni salimos», subraya el responsable, quien no descarta que hayan llegado quejas al Consistorio de la capital a nivel particular.