El artículo 61 reaparece en el último anteproyecto de la ley de la administración local

El ministro Cristóbal Montoro mantiene el principio de intervención para las corporaciones locales que no gestionen bien los servicios , según hace patente la última versión del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local fechada el pasado 24 de mayo, tres días después de la reunión mantenida por los técnicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con la Federación Española de Municipios y Provincias.

En dicha versión, según advierte el PSOE cuyos representantes y los de IU abandonaron ayer la junta de gobierno de la FEMP tras el rechazo del PP a convocar la Asamblea de Alcaldes para que valoraran el texto de la reforma local propugnada por el Gobierno, vuelve a aparecer el artículo 61, en el que se recoge, textualmente, que «las corporaciones locales podrán ser intervenidas temporalmente con carácter previo a la disolución que se pudiera acordar de conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera».

Enésimo borrador

Dicho artículo amplía a todos los ayuntamientos y no solo a los de menos de 5.000 habitantes, como constaba en el primer borrador, el principio de intervención de manera que, puntualizó el secretario autonómico municipal del PSOE, Juan José Zancada, «en este momento podrían ser intervenidos, dada su situación financiera, tanto Madrid como León». Además, subrayó, con este anteproyecto «como ocurría en tiempos predemocráticos, el ministro tiene la potestad de suprimir alcaldes, lo que me parece un total desmantelamiento de la red de ayuntamientos en Castilla y León».

Desde el Partido Socialista, al igual que desde Izquierda Unida, se mantiene la petición de la retirada del texto, y no descartan llevar la reforma local al Tribunal Constitucional.

El presidente de la FEMP y alcalde 'popular' de Santander, Íñigo de la Serna, ha reconocido en declaraciones a Europa Press que es cierto que los cambios de los que se habló en el encuentro del pasado martes 21 con Montoro no se han incluido en el texto remitido por Hacienda y que ha sido remitido al Consejo de Estado, pero afirmó que el ministro le aseguró en una conversación telefónica previa a la junta de gobierno que las alegaciones se incluirán en el documento que se lleve al Consejo de Ministros. El Gobierno ha previsto que la reforma entre en vigor el 1 de enero de 2014.