La Junta advierte a Montoro de que las Diputaciones «no están para vaciar de contenidos los municipios»

Los cambios «mínimos», según la Junta que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha introducido en el anteproyecto de reforma de la administración local gustan «nada» en la Junta. Tampoco gustaba el texto anterior. El portavoz del Gobierno de Castilla y León y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha hecho público el fuerte desacuerdo que hay en el gabinete de Juan Vicente Herrera con el papel que la reforma estatal da a las diputaciones.

«No están para vaciar de contenido y competencias a los municipios. Ese no es su papel. El papel de las diputaciones es el de asesorar y prestar apoyo a los municipios, no hacerse con las competencias municipales», ha argumentado el consejero.

El temor de la Junta es que la reforma estatal convierta a las instituciones provinciales en una suerte de 'comepueblos' de municipios que sean incapaces de prestar servicios a sus ciudadanos con un mínimo de calidad que marcaría el Gobierno, a un «coste estándar» que también fijará el Ejecutivo. El ministerio baraja el número de habitantes como indicador para establecer ese precio máximo que, según ellos, debe costar prestar los servicios.

Las exigencias que marca el proyecto estatal son muchas y muy estrictas, difíciles de cumplir en Castilla y León por el tamaño de los municipios y porque es más caro prestar servicios. No cuesta lo mismo abastecer de agua potable a mil personas que viven en dos bloques en Madrid, que a mil personas repartidas en cuatro municipios y tres pedanías de Castilla y León. Si finalmente esto se confirma, la figura del alcalde de pueblo en Castilla y León quedaría para poco más que ir a la misa del patrón el día de la fiesta mayor del pueblo.

La figura de las diputaciones mueve siempre al debate y la controversia. Las formaciones de izquierdas defienden sus supresión y apuntan que las competencias que tienen estas instituciones centenarias pueden ser asumidas perfectamente por los ayuntamientos y las delegaciones territoriales de la Junta. El modelo territorial auspiciado por el Gobierno de Castilla y León, que se debate en las Cortes en este momento, cuenta con las diputaciones, pero como elemento de apoyo a los pequeños municipios, reorientando las funciones que cumplen ahora. Solamente hay quince localidades en Castilla y León que superan los 20.000 habitantes.

Si la figura de las diputaciones queda como está en la ley básica estatal, se daría en la práctica un cambio en el equilibrio de fuerzas territoriales en Castilla y León, en el que las diputaciones verían cómo se agranda su peso, contraponiéndose en la práctica al de la Junta. Como complemento quedarían los municipios urbanos.