Castilla y León tiene 10.800 empleados públicos más que al inicio de la crisis

El empleo público gana peso en la economía de Castilla y León de forma porcentual y, lo que es más llamativo, también en cifras absolutas. Mientras en el conjunto del país ya hay menos empleados dependientes de la Administración que hace cinco años, en la comunidad autónoma el sector se ha expandido por una doble vía: ha sufrido proporcionalmente menos pérdidas que en las empresas privadas y se ha incrementado en total en más de diez mil personas.

Por empleados del sector público la Encuesta de Población Activa la fuente de estos datos se refiere al personal de todas las administraciones (central, autonómica y local), así como al de las empresas públicas y entes autónomos y engloba a los funcionarios y al personal laboral, con contrato fijo o eventual. Al cierre del primer trimestre de 2008 había en Castilla y León 175.800 asalariados con sueldo del Estado. Cinco años después en el primer trimestre de este año, el número de empleados públicos había crecido hasta los 186.600, es decir, 10.800 personas más. La evolución durante los años de la crisis revela grandes diferencias entre autonomías. En cinco de ellas (Madrid, Cataluña, Baleares, el País Vasco y Castilla y León) los empleos del sector público crecieron, mientras que en el resto (con Galicia, Aragón y Andalucía a la cabeza), menguaron.

Paralelamente a esta evolución, la cifra de asalariados del sector privado ha sufrido una sangría incesante que le ha hecho pasar de 653.300 a 504.600, es decir, 148.700 personas menos. El resultado de ambas progresiones es que si en 2008 de cada 100 trabajadores de la región dependientes de una nómina, 21,2 eran empleados públicos, en la actualidad la proporción se eleva a 27 de cada cien

Adelgazamiento de lo público

La comunidad castellana y leonesa siempre ha sido un territorio propenso al empleo público y tradicionalmente ha contado con una tasa de asalariados a cuenta de las Administraciones superior a la media nacional, pero en estos años de crisis ha roto todos los registros. La tasa media española en 2008 era del 17,1%, cuatro puntos menos que la regional. Ahora se sitúa en 20,9%, es decir, siete puntos por debajo de la de Castilla y León. De hecho, en la actualidad solo Extremadura supera a la región castellana y leonesa en porcentaje de asalariado públicos, con el 34,7%.

Por otro lado, de los 186.600 empleados a sueldo del Estado que hay en la comunidad, el 80,6% tienen contrato indefinido, frente al 79,3% de cinco años atrás.

En pleno debate sobre la necesidad de adelgazar la Administración Pública, llama también la atención la evolución trimestral del dato. Frente al último trimestre de 2012, la cifra de asalariados públicos de Castilla y León se incrementó en 2.700 personas, mientras que en el conjunto del país se redujo en 71.400 personas. En España, el número de ocupados en el sector público se situó en 2.845.800 personas entre enero y marzo de 2013, el 2,45% menos que en el trimestre anterior, mientras que en el sector privado el descenso fue del 1,79%, hasta situar la cifra en 13.788.900. Según la última EPA, en un año en el sector público se destruyeron 258.300 empleos, un 8,32 %, y en el privado 540.200, el 3,77 %.

Castilla y León es una de las seis comunidades donde el número de trabajadores al servicio de las Administraciones es aún superior que al comienzo de 2008. Si entonces eran 175.800 los empleados públicos, la cifra no cesó de incrementarse (con algunas excepciones) hasta el tercer trimestre de 2011, cuando alcanzó su máximo histórico de 211.000 personas a sueldo de los impuestos. A partir de ahí, el número absoluto ha ido menguando trimestre hasta el primero del presente año, cuando ha vuelto a producirse un repunte.

Administraciones y déficit

En el conjunto de España, los trabajadores de la Administración son ya menos que hace un lustro, después de que en los últimos trimestres los poderes públicos hayan iniciado un acelerado proceso de ajuste con el objeto de aliviar el peso que tiene este capítulo en unas cuentas nacionales colapsadas. Los 2,84 millones de empleados públicos computados por la EPA en el periodo enero-marzo suponen el 17,1% de las personas ocupadas de toda España y el 20,9% de las asalariadas. Es decir, uno de cada cinco empleados por cuenta ajena cobraba del Estado, las autonomías, las diputaciones, los ayuntamientos o de alguna sociedad o empresa dependiente de ellos.