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A. S.
Miércoles, 1 de mayo 2013, 16:07
Filtraciones a los «enchufados» en unas oposiciones para facilitar un puesto de trabajo a cuarenta auxiliares administrativos en la Diputación de León y en su Organismo Autónomo Administrativo Instituto Leonés de Cultural. Era la acusación de los demandantes aspirantes a una de las plazas que ya ocupaban de forma «irregular», según la sentencia judicial dictada en 2011 por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de León personas que en su mayoría son familiares o tienen relación política con puestos funcionariales o cargos políticos del PP. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha revocado tal sentencia, lo que supone el archivo de las actuaciones y el fin de casi cuatro años de litigios. La sentencia considera que el resultado final de la oposición hubiera sido el mismo.
La oposición cuestionada es la de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2007 y 2008, celebrada a finales de ese último año y está además pendiente de un proceso en vía penal que implica directamente a la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, quellegó a declarar como imputada.
Los querellantes apuntaban a que el 60% de las plazas han sido ocupadas por personas ligadas a la Diputación leonesa.
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