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ANA SANTIAGO
Miércoles, 10 de abril 2013, 17:07
La Consejería de Sanidad ha cerrado de forma paulatina desde hace un año diversos servicios, unidades, laboratorios en ocasiones y plantas de hospitalización en casi toda la comunidad autónoma. Un informe elaborado por UGT concreta en 307 el número de camas que se han visto afectadas por la clausura de plantas en toda Castilla y León y en 27 el de servicios o unidades afectados por estas restricciones.
Y son Zamora, y después Valladolid, las provincias más afectadas por estas reorganizaciones funcionales que, en el caso de las plantas de cirugía, paliativos o medicina interna, los ingresos se han concentrado en otros servicios.
Los hospitales de Valladolid suman, según dicho trabajo, 74 camas anuladas en este proceso. UGT, explica su secretaria general en la comunidad, Carmen Amez, solo encuentra una respuesta a estos cierres: el recorte para ahorrar y, como consecuencia, la «falta de atención con calidad a los pacientes y el incremento de la demora».
Sacyl tiene explicaciones muy diferentes a la del tijeretazo para la supresión de servicios o cierres de plantas. Explica el gerente de Salud de Castilla y León, Eduardo García Prieto, respecto a las camas «que son más incluso que las que dice UGT, depende de cada mes. Cada hospital hace unas previsiones mensuales en función de las intervenciones quirúrgicas programadas y de los históricos de ocupación que, a veces se cumplen, en ocasiones se quedan largas y sobran camas y, si se quedan cortas, se ponen en funcionamiento las que hagan falta». Añade el responsable sanitario que «lo que hemos hecho para una mayor eficiencia de la gestión, y cómo no para no gastar más de lo necesario, es reagrupar ingresos y cerrar una planta en un momento dado porque no se va a llenar y sus pacientes se pueden llevar a otra y así amortizar recursos.
Conciertos
Sacyl ha contratado 605 operaciones con el Grupo Recoletas, es decir, el Felipe II y la Clínica Paracelso; otras 555 con el Sagrado Corazón y 241 con el Ioba con un gasto de 1.544.370 euros y el año completo como plazo de ejecución.
García Prieto asegura que «no se puede hablar de cierres sino de reunificación, hay varios laboratorios en un mismo hospital repitiendo el mismo tipo de pruebas, o se enviaban fuera de la comunidad las que otro hospital de dentro podía hacer. Hemos reestructurado servicios y creado un grupo de trabajo para los laboratorios», asegura.
Para Carmen Amez, de UGT, «es preocupante que mientras nos venden que aquí no es como en Madrid, que no nos parecemos a otras comunidades, crezcan las listas de espera de forma desbordante y digan que pueden cerrar camas porque no hay actividad suficiente».
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