Urbanismo modificará el PGOU para intentar legalizar las antenas de telefonía en edificios de viviendas

El Ayuntamiento de Valladolid intentará, por tercera vez, legalizar las antenas de telefonía móvil instaladas en los edificios residenciales de la ciudad se estiman en un centenar a través de la modificación de tres artículos del Plan General de Ordenación Urbana. La Gerencia de Urbanismo del Consistorio tiene previsto dictaminar mañana el cambio de los epígrafes 297, 298 y 397 del documento para incluir las estaciones base entre las infraestructuras que se pueden colocar en las azoteas de los bloques, ya que el documento original les reservaba espacio solo en los edificios administrativos y de oficinas. El equipo de gobierno busca, de esta manera, intentar dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio, que dejó en situación ilegal todas las instalaciones al considerar que es necesario realizar una evaluación de impacto ambiental «por los efectos significativos que puede tener en la salud de las personas».

Apoyándose en esta sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valladolid anuló el pasado enero las licencias de obra y ambiental de la estación de telefonía móvil situada en la azotea del número 12 de plaza Ribera de Castilla, en el barrio de La Rondilla. Entonces, el consistorio anunció la clausura de esta instalación y denegó a Telefónica el permiso de inicio de actividad de otra en la misma plaza. En este barrio los vecinos han organizado numerosas protestas contra las antenas.

«No existen riesgos»

Ahora el Ayuntamiento ha solicitado amparo a la Consejería de Fomento de la Junta, que en la orden 125/2013 del pasado 1 de marzo resuelve que no es necesario el análisis de impacto que ordena el Supremo. «El contenido de los informes recibidos permitiría concluir que no deben existir riesgos para la salud humana o el medio ambiente, siempre que las infraestructuras que se instalen cumplan los niveles de referencia previstos en el citado Real Decreto 1066/2001, 28 de septiembre», se lee en la resolución.

El abogado de la Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telefonía, Enrique Ríos, calificó la actitud municipal y de la Consejería de Fomento como «una tomadura de pelo al Supremo», que, en su opinión, dejó claro que las instalaciones pueden conllevar efectos perniciosos para la salud, lo que obliga a realizar un análisis. Así, anunció que recurrirá la orden de la Junta y presentará una denuncia ante la Fiscalía para que actúe por la vía penal contra quienes incumplan la sentencia del Supremo.